El PSC pedirá al Govern eliminar el régimen sancionador en los ayuntamientos previsto en el decreto de la sequía en la nueva norma que se abordará al Parlamento este viernes en la cumbre del agua. Se trata de una propuesta común con Junts per Catalunya que busca suprimir una medida que despertó muchas críticas por parte del mundo local. Las otras propuestas del grupo socialista incluyen priorizar las obras más urgentes a financiar con los 760 millones de euros previstos en el acuerdo presupuestario y habilitar recursos adicionales para hacer otras actuaciones a la red.

El decreto de la sequía aprobado por el ejecutivo no obtuvo el apoyo de ningún grupo parlamentario a excepción de los republicanos, hecho que suscitó la necesidad de elaborar un nuevo decreto que obtuviera un consenso más amplio. Uno de los puntos más controvertidos fue la excesiva tendencia sancionadora de la norma, que prevé multas contra los municipios que no cumplan con las restricciones establecidas, un hecho que se vio como un ataque al mundo local, en vez de apostar por la colaboración entre Govern y ayuntamientos. La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, quiso dejar claro que las multas tan solo pretenden "disuadir posibles incumplimientos", y en ningún caso tenían la "intención" sancionar.

Así y todo, el PSC ha reclamado que se elimine este régimen sancionador, o en su defecto, se aplique un régimen transitorio de un año. "En aplicación del principio de solidaridad y la indispensable cooperación con los entes locales, hace falta eliminar el régimen sancionador previsto en el artículo 29 bis para los municipios o aplicar un régimen transitorio mínimo de un año para que los mismos puedan ejecutar las obras necesarias de conectividad, nuevas captaciones o mejoras de la red para cumplir las dotaciones asignadas en cada escenario de sequía", ha explicado. Junts per Catalunya se ha expresado en un tono similar y ha subrayado que "de la sequía, saldremos adelante si cooperamos entre las diferentes administraciones".

Por otra parte, el grupo Socialistes y Units per Avançar ha reclamado que los 760 millones de euros asignados al Pacto Nacional del agua en los presupuestos 2023 se ejecuten "de manera prioritaria y urgente" en dos inversiones a medio plazo. Proponen destinar 110 millones de euros a la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) del Besòs hasta 2 metros cúbicos por segundo, y 210 millones a una nueva estación de regeneración de agua (ERA) en el Besòs. Por otra parte, apuestan por dedicar 165 millones a la ampliación de la desaladora de Tordera. Más allá del dinero previsto en el acuerdo presupuestario, también piden habilitar recursos adicionales para financiar mejoras de la red y para reguladores de presión, entre otras cuestiones.