Con el fracaso de la cumbre del agua y con el Govern descartando que se vuelva a convocar una a corto plazo, el PSC ha seguido poniendo la mirada en el régimen sancionador que contempla el decreto de sequía contra los ayuntamientos. Desde un primer momento, los socialistas han rechazado que los ayuntamientos tengan que ser sancionados si no cumplen con lo que marca el decreto, ya que, como ha recordado la alcaldesa de Sant Boi del Llobregat, Lluïsa Moret, este no es un tema "puntual ni aislado, sino que se podía prever". Ante esta situación, sin previsión de lluvias abundantes y con los embalses que siguen vaciándose, la socialista ha reiterado que lo que hace falta no es un Govern que "sancione o confronte" con los consistorios, sino que trabaje conjuntamente con los ayuntamientos, ya que estos forman parte de la solución y no del problema. "Creemos que se necesitan más inversiones y menos sanciones, basar el decreto en sancionar y culpabilizar no es la manera de afrontar la sequía". Durante la cumbre celebrada el pasado viernes, desde el PSC, y también Junts, pidieron que se derogaran las sanciones a los ayuntamientos, pero no se llegó a un acuerdo.
Ante el anuncio del presidente de la Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, que ha cifrado en un 30% de los municipios de las cuencas internas, es decir, unas 200 poblaciones, los que incumplen con la normativa del decreto, Moret ha rechazado que se publiquen sus nombres, ya que considera que es un paso más para culpabilizar y criminalizar a los ayuntamientos en lugar de asumir responsabilidades por no haber planificado con más tiempo esta situación. En este sentido, aunque ha evitado confrontarse con la ACA después de que su director haya lamentado que el PSC utilizara la cumbre para "intentar conseguir al titular que el régimen sancionador se eliminaría", Moret ha reiterado que los ayuntamientos del país están disponibles para buscar soluciones conjuntas a un problema que hace mucho tiempo que está vigente. Por su parte, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha reclamado al PSC, pero también a Junts, que rectifiquen su posición sobre las sanciones, asegurando que están intentando hacer pasar a sus alcaldes por encima de los catalanes, que sí que cumplen las normas establecidas para luchar contra la sequía.
El convenio de la B-40 "no viene de una semana"
Según estaba previsto en el acuerdo de los presupuestos que firmaron los socialistas con el Govern de la Generalitat, antes del 31 de marzo se tendría que haber cerrado el convenio sobre la carretera B-40, que Pere Aragonès acabó aceptando con el fin de poder aprobar las cuentas. Ahora, ya se ha superado el plazo que marca el acuerdo, pero Moret ha asegurado que su partido confía en la palabra del president sobre el cumplimiento. En línea con lo que ya ha ido expresando Salvador Illa sobre el también conocido como Quart Cinturó o Ronda Nord, "no viene de una semana", siempre que se acabe cerrando el convenio. Para la alcaldesa de Sant Boi y dirigente del PSC, lo que queda a estas alturas son solo detalles para llegar a un acuerdo, mientras que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha identificado como principales escollos la financiación y el trazado de la B-40.
El objetivo del PSC, 615 listas en las municipales
Por otra parte, en el consejo nacional extraordinario del partido que se celebra este lunes se aprobarán 88 nuevos candidatos, con los cuales se llegará a los 457 cabezas de lista formalizados para las elecciones municipales del 28 de mayo. A tres semanas del 25 de abril, el último día que se pueden presentar candidaturas, el PSC tendrá aprobadas 398 listas, mientras que su previsión es llegar a las 615. Esta cifra representa un aumento del 18% respecto del 2019, cuando los socialistas estuvieron presentes en 526 municipios del país. Así, a la espera de que el consejo nacional apruebe este lunes a los 88 nuevos candidatos socialistas, se va cumpliendo uno de los objetivos del partido: crecer por todo el territorio y tener presencia en más pueblos y ciudades catalanes. Si se alcanza la cifra de las 615 listas, que dejan atrás las 526 y 531 del 2019 y 2015, respectivamente, el partido tendrá presencia en un 65% de los municipios del país, lo que representa un 96,5% de la población, ya que los pueblos donde es más difícil formar una candidatura son aquellos con menos población.