Proponer mecanismos de control a los cuerpos policiales, y especialmente a los Mossos d'Esquadra, es tratado como material sensible en el Parlament. La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, la coordinadora de Amnistía Internacional Catalunya, Adriana Ribas, y el veterano experto en seguridad y policía, Amadeu Recasens, han presentado este miércoles en la Comisión de Interior el Plan de acción para la mejora y modernización de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español, que han elaborado junto con un grupo de expertos. Proponen 36 medidas para que las acciones de los policías sean respetuosas con los derechos humanos. "No es un plan contra nadie, sino que para garantizar derechos", han insistido a afirmar las responsables de Irídia y Amnistía Internacional.
El plan incluye un mecanismo externo de control de los Mossos, que con su acción refuerce el control interno (Asuntos Internos) y el sistema judicial para evitar excesos policiales. Este control externo ya se planteó en el 2022, en la comisión de estudio sobre el modelo policial catalán, y fue descartado por la mayoría de los grupos parlamentarios. Sin embargo, se acordaron medidas solicitadas por las entidades, como la identificación de los agentes en sus uniformes o comprar proyectiles (foam) menos lesivos.
El PSC no quiere críticas a la policía
Aparte de los postulados de extrema derecha del PP y Vox, todos los partidos han defendido que el cuerpo de los Mossos "es una policía democrática, que se tiene que actualizar," en palabras del diputado de Junts, Josep Rius. Los ponentes se han quedado sorprendidos con la afirmación final que les ha dirigido el diputado del PSC Antoni Poyato: "He echado de menos un apoyo rotundo a los Mossos. Que tengan un control, pero también más recursos y formación." Franquesa le ha respondido: "Los Mossos es un cuerpo democrático y es un honor de seguir contribuyendo a ello como sociedad civil. Es esencial que la sociedad tenga confianza en la policía y que la mala praxis, no la rompa."
Recasens, que ha sido comisionado de Seguridad al Ayuntamiento de Barcelona, director de la Escuela de Policía de Catalunya y uno de los redactores del Código Europeo de Ética de la Policía, se ha mostrado desconcertado por la afirmación del diputado socialista, partido ahora al frente del Govern en solitario, y que ha dado la dirección de los Mossos a un policía, el mayor Josep Lluís Trapero. "La policía es un recurso de la Política Pública. Hay unos cambios sociales y hay que acompañar a la policía en este giro. (...) La política tiene que aprender a mandar y a no a dejar hacer a la policía", ha contestado el experto. En su trabajo en el Ayuntamiento, ha explicado que reforzó la unidad de asuntos internos de la Guardia Urbana, y ha afirmado: "Los agentes han salvado más vidas sin armas, que con ellas", haciendo referencia a acciones de reanimación o en detenciones.
La presidenta de la Comisión de Interior, la republicana Ester Capella, ha cerrado la comparecencia y ha recordado la reconocida profesionalidad de Recasens y también ha agradecido las aportaciones de las representantes de las entidades de derechos humanos: "Para espolearnos a arreglar disfunciones y fortalecer comportamientos democráticos."
Un turno de oficio contra la violencia institucional
La diputada de ERC Laia Cañigueral ha defendido estos mecanismos de mejora y control de las actuaciones policiales y ha recordado que su partido ha pedido explicaciones al Gobierno por los policías infiltrados al movimiento independentista catalán, denunciado en un documental a TV3.
El diputado de los comunes Andrés Garcia Berrio, que ha sido codirector de Irídia, ha afirmado qué "el plan es una buena hoja de ruta de recomendaciones de organismos internacionales de cómo mejorar políticas públicas", y ha apostado para que haya un turno de oficio de abogados especializados en casos de violencia institucionales, especialmente para hacer frente a casos de tortura y contra la integridad de las personas.
En este sentido, Franquesa ha denunciado el papel pasivo de la Fiscalía: "De 42 litigios por violencia institucional presentados, solo en 3 casos la Fiscalía ha sido proactiva; en 21 casos pidió el archivo y en 18, no hizo nada." Uno de estos casos es el trato degradante de los agentes de la policía española contra votantes del 1-O, ahora amnistiados, aunque la resolución no es firme.
También se han plateado unos formularios de parada con el fin de evitar las identificaciones policiales a personas negras o racializadas, denunciado hace tiempo por Sos Racismo. ¡"Hay personas que las paran cada semana"!, se ha exclamado Franquesa. Ante las reacciones del PP y Vox, ha indicado que la medida que la persona tenga un documento que muestre que ya ha sido identificada es una propuesta de un veterano inspector de la policía de Fuenlabrada. La directora de Irídia también ha indicado que "el País Vasco y Navarra ya avanzan Catalunya en acciones para tener una policía más transparente y democrática".