La lengua catalana tiene que ser un requisito y no un simple mérito para trabajar en la Administración de Justicia en Catalunya. Es una antigua reivindicación, que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha llevado al pleno del Parlament, de este jueves, que ha obtenido el apoyo de los grupos del PSC, Junts,  Comuns, CUP y Aliança Catalana (109), enfrente de los 26 del PP y Vox. Es decir, la cámara catalana insta al gobierno socialista de Salvador Illa, que reclame al Gobierno del PSOE, que lidera Pedro Sánchez, para que modifique la ley orgánica del Poder Judicial con el fin de hacer este cambio. Hasta ahora, todos los gobiernos españoles, del PP y del PSOE, se han opuesto a hacer esta modificación aduciendo que los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la administración de Justicia son cuerpos estatales, y que en Catalunya, el catalán y el castellano son lenguas oficiales. La realidad es que la Justicia es la administración donde menos se usa el catalán, y en un 80% de los casos no se respeta la lengua del ciudadano en su petición de tener  tramitación en catalán, según ha denunciado Plataforma por la Lengua.

Recientemente, se ha aprobado una norma para que tanto acusados como testigos puedan hablar en la lengua propia en todos los tribunales, incluido la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En la práctica todo es papel mojado y una muestra evidente es el juicio al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha empezado en la Audiencia de Barcelona esta semana. El presidente del tribunal, Josep Maria Assalit, es de los pocos magistrados que interviene en catalán en las vistas y ha tenido que cambiar al castellano porque los dos abogados de las compañías de móviles son de Madrid. Y a todos los testigos que empiezan a declarar en catalán se los ofrece el servicio de un traductor; pero para no entorpecer el juicio, todos los citados cambian al idioma castellano.

Un estudio por la falta de órdenes de protección a víctimas de violencia machista

Todas las propuestas de ERC han salido adelante, como que el presupuesto del Departament de Justicia llegue al 2,5% en el ejercicio 2025. Precisamente, esta era la propuesta de la anterior consellera de Justicia, Gemma Ubasart, en el gobierno de ERC para los presupuestos de 2024, no alcanzados porque el president Pere Aragonès convocó elecciones anticipadas. La propuesta era de 1.242 millones de euros, una cifra récord y que aseguraba que superaba el 2,5% de presupuesto de la Generalitat, que se exigía ya en una moción aprobada en noviembre de 2021. También se propone reclamar 50 unidades judiciales más para Catalunya, aunque la reforma de los juzgados unipersonales a tribunales de instancia está ya programada para el año próximo. Y que la reincidencia delictiva se analice de una forma transversal, y se valore la situación social de las personas.

Finalmente, una de las propuestas aprobadas por el Parlament es que el Govern presente un estudio, en el plazo de 6 meses, que analice los motivos por los cuales en Catalunya se deniegan más órdenes de protección a mujeres denunciantes de violencia machista, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. Hace años que los jueces de violencia contra la mujer en Catalunya deniegan más de la mitad de las órdenes solicitadas, frente a otras comunidades.