Presión sobre Laura Borràs. El PSC y los comuns han pedido hoy que la presidenta del Parlament sea suspendida como diputada de la cámara catalana una vez empiece su juicio por el caso de los contratos fraccionados cuando era directriz de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya anunció ayer que cerraba la investigación sobre Borràs, paso previo para enviar a la presidenta a juicio. Hoy, la portavoz del grupo socialista en el Parlament, Alícia Romero, ha sido clara, indicando que, según el reglamento de la cámara catalana, no perdería el acta de diputada, sino que sería suspendida. "Por lo tanto, tendría que perder la presidencia", ha avisado.
Según Romero, en este caso se tendría que aplicar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que ha considerado clarísimo. Este artículo advierte que "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata". Así, según la portavoz socialista, si este es el caso de la presidenta Laura Borràs, "se tendría que aplicar el artículo". "Es un artículo neto y esclarecedor, no necesita demasiadas aclaraciones", ha dicho.
"Caso muy claro de corrupción"
El portavoz de los comunes, David Cid, también se ha pronunciado en la misma línea, afirmando que el caso de Borràs es claro: "Es un caso de presunta corrupción que no es comparable con la judicialización del 1 de octubre o con los procesos de judicialización de la política que viven dirigentes del independentismo", como el de Pau Juvillà. Es por eso que, como ha hecho antes Alícia Romero, Cid también ha pedido que Borràs sea suspendida. "En caso de que se abre juicio oral, se tiene que aplicar el artículo 25.4 y se tienen que suspender los derechos y deberes de la diputada".
"Hace mucho de tiempo que hemos perdido la confianza en Laura Borràs como presidenta del Parlament. Ya no le expresamos cuando fue escogida", pero se ha dirigido a los grupos independentistas de la cámara catalana para plantearse una pregunta: "¿Qué más tiene que hacer para que le retiren su confianza?".
Modificación del independentismo
Este artículo, que busca suspender a todos aquellos diputados acusados de corrupción, fue modificado precisamente por el independentismo en 2017, por una transacción de Junts pel Sí y la CUP, como ha recordado Romero. "Nos parecería extraño que los partidos que incorporaron este artículo ahora busquen excusas para no aplicarla", ha asegurado. Y ha recordado que, en caso de que haya dudas sobre el tipo de delito o el régimen de incompatibilidades en que se encuentra Borràs, "hace falta el dictamen de la comisión del estatuto de los diputados", como marca el reglamento.
Juicio a Laura Borràs
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informó ayer de que ha cerrado la investigación contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, y tres personas más por el caso de los contratos fraccionados, cuando era directriz de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). En la resolución, el magistrado Jordi Seguí sostiene que Borràs "abusó de su cargo" y que hay indicios para juzgarlos por el delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de dinero público. Y ahora da traslado a la Fiscalía Superior de Catalunya para que presente el escrito de acusación, paso previo al juicio, después de que se presente el escrito de defensa.
En la resolución, de treinta páginas, el magistrado instructor del TSJC detalla los dieciocho contratos menores (de 18.000 euros) que Laura Borràs como directora de la Institución aprobó para realizar servicios informáticos en la web de la ILC del 2014 en el 2017. De este total, concedió seis a Isaías Herrero, cifrados en 112.502 euros. También detalla que Borràs y Herrero se conocían de antes, al haber trabajado los dos en Hermeneia, un grupo de investigación literario. Borràs y Herrero se ayudaron de Roger, cuñado de Isaías, y de Andreu, responsable de gestión administrativa de la ILC, para ejecutar estas actuaciones delictivas, y ellos también serán juzgados. El magistrado expone que hay correos electrónicos donde Borràs explica a Herrero cómo presentar propuestas de presupuestos, quien se presenta con su nombre y otros de encubiertos, como a través de la cooperativa Red Integral, que gana algunos de los concursos y pagó a Herrero unos 22.000 euros. El total de los fondos malversados se sitúa en unos 300.000 euros.