Alabanzas al Tribunal Supremo desde Ferraz. El PSOE ha hecho este lunes un ejercicio de reinterpretación y ha convertido el varapalo del alto tribunal al Código Penal reformado en los últimos meses por el Gobierno en un favor. "La revisión da la razón a lo que siempre ha dicho al PSOE", ha exclamado la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, que es tener que seguir castigando los "delitos tan graves" que se cometieron para la celebración del referéndum del 1-O.

La también ministra de Hacienda ha señalado que la decisión de la justicia española de mantener los años de inhabilitación a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa demuestra que el PP mentía. Es decir, que los populares faltaban a la verdad cuando se quejaban de que la reforma del Código Penal pactada entre PSOE, Podemos y Esquerra Republicana estaba diseñada para beneficiar a los líderes independentistas del Procés. "Se ha demostrado que era mentira cuando algunos decían que se podrían presentar a las elecciones", ha celebrado Montero en una rueda de prensa desde la sede socialista para valorar la actualidad política.

 

Preguntada sobre cómo afectará la decisión del Supremo a la relación entre el Gobierno y Esquerra Republicana, la ministra ha expresado la voluntad de "seguir trabajando" con ERC para "encontrar soluciones dialogadas para Catalunya". Hay que recordar que la reforma del delito de malversación se pactó entre PSOE y republicanos, y que la formación liderada por Gabriel Rufián aceptó las enmiendas que querían a los socialistas. Esquerra, sin embargo, aseguró que con aquellos pactos los hechos de otoño del 2017 en Catalunya quedaban despenalizados. Hacía falta saber qué interpretación haría la justicia española; y este lunes el Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a despenalizar el 1-O.

Este lunes, Esquerra ha insistido en que la reforma del Código Penal está "bien hecha", pero que el Supremo ha decidido hacer un "golpe a la democracia" y "atentar contra las voluntades expresadas por las mayorías en las cámaras". Ha sido la portavoz del partido, Marta Vilalta, quien ha señalado que la decisión de la justicia española "facilitará la defensa ante los tribunales internacionales".

En el auto del Tribunal Supremo, Manuel Marchena rechaza los desórdenes públicos agravados porque no los ve equiparables al anterior delito de sedición y estira las orejas del ejecutivo de Pedro Sánchez asegurando que el nuevo Código Penal deja impune intentar procesos independentistas en los cuales no intervenga la violencia o la intimidación. De todos modos, Marchena ha seguido la línea de Pablo Llarena y ha mantenido las condenas por ser autores de un delito de desobediencia con malversación. En otras palabras: el juez ha mantenido las inhabilitaciones dictadas en la sentencia del Procés para Junqueras y Bassa (hasta 2031) y para Romeva y Turull (hasta 2023).