Ante la dura sentencia de los ERE, que condena a dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz ha salido en defensa de ellos. Juan Cornejo, secretario de organización de los socialistas andaluces, ha irrumpido este martes para defender la "honradez" de José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación, y de Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Desde Ferraz todavía no ha habido ningún pronunciamiento público. "No se han enriquecido ilícitamente ni se han llevado ningún euro", ha rebatido.

En una comparecencia de prensa este martes al mediodía, Juan Cornejo ha evitado asumir consecuencias políticas por el revés judicial de la Audiencia de Sevilla. "Las responsabilidades políticas fueron dirimidas hace muchos años", ha dicho en referencia a las dimisiones y bajas del partido de los dos expresidentes el 2015 y 2016. "No hay ningún político en activo que tenga implicación en los hechos", ha recordado. Con respecto a Chaves y Griñán, ha remarcado que ninguno de ellos se ha lucrado en este caso juzgado.

Eso sí, el dirigente socialista andaluz ha "lamentado" que los hechos probados tuvieran lugar, y así ha querido "trasladarlo a los andaluces". En esta línea, Cornejo ha subrayado que "el PSOE siempre ha mantenido respeto absoluto hacia los pronunciamientos judiciales". Ha añadido que tan sólo es la primera sentencia de una macrocausa con más de un centenar de piezas.

No se lucraron personalmente, pero los magistrados consideran que los dos expresidentes eran conocedores de la trama. Por un lado, que Chaves conocía y permitió este sistema irregular de subvenciones. Por su parte, Griñán es acusado de no hacer nada para detenerlo aunque conocía los informes de alerta de la Intervención General de la Junta de Andalucía. "El encausado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó, relatados en los hechos probados", sostiene la Audiencia de Sevilla en ambos casos.

La Fiscalía acusaba a los ex altos cargos andaluces ―entre ellos los dos expresidentes y seis exconsejeros― de haber defraudado hasta 855 millones de euros a través de ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos, con la creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General. Un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores. Durante el juicio han aparecido gastos en cocaína y prostitución con fondos públicos, empresas fantasma y una red clientelar con centenares de empresas, aseguradoras, abogados y trabajadores implicados.