El PSOE se quedará solo pidiendo el encaje para Catalunya en la comisión territorial abierta en el Congreso, después de que Podemos, nacionalistas (PNV) e independentistas (ERC, PDeCAT) renunciaran a estar en ella y una vez presentados este viernes los planes de trabajo de las formaciones que sí integran el órgano. Los socialistas son los únicos que incluyen una demanda de diálogo con los catalanes, en contraposición a Partido Popular y Ciudadanos, que en reiteradas ocasiones se han cerrado a una reforma para contentar "a los que quieren liquidar España", en alusión al soberanismo.

Según el texto, una vez hecho un examen específico sobre la situación en Catalunya y ante el "grave deterioro de la normalidad constitucional y estatutaria, el abandono del diálogo y de la negociación política, las violaciones de la legalidad y la fuerte fractura social" –apuntan desde el PSOE sobre la falta de alternativa que denuncian por parte el ejecutivo, además de la declaración de independencia del independentismo– esta comisión "abre un espacio formal de diálogo imprescindible para acometer y dar salida a la actual situación", señalan.

Los de Pedro Sánchez creen así que las respuestas pueden ofrecerse "dentro del actual marco legal, otras requerirán la modificación de diferentes leyes del Estado, y de otras se tendrían que alcanzar mediante una determinada reforma constitucional", como sería el caso del reconocimiento de las "singularidades"; la ordenación de las competencias; la capacidad del Senado para facilitar la participación de las comunidades en la toma de decisiones en el ámbito estatal y como instrumento de cooperación; la constitucionalización de los principios del modelo de financiación autonómica.

Si bien, Sánchez chocará frontalmente con la perspectiva de PP y Cs, que descartan utilizar la comisión para dar una salida a las reivindicaciones independentistas de forma expresa y esperan que en la resolución de otros problemas políticos se encuentre el fin a las demandas soberanistas.

En primer lugar, el PP quiere utilizar el órgano para evaluar al modelo autonómico y buscar apoyos para la reforma de la financiación de las comunidades. Este es uno de los proyectos a que se comprometió el Gobierno durante la conferencia de presidentes autonómicos de enero a tener impulsado antes de que acabara el año y ahora apunta hacia el 2018, siempre apelando al favor del PSOE. Eso, según explicaron los portavoces de la comisión Rafa Hernando y Roberto Bermúdez de Castro, en ningún caso tendría que ir en menoscabo de que quien conduce la negociación es el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

El hecho es que los populares recelan de la reforma constitucional, tal como reiteró Rajoy durante el día de la Constitución, si es que no se tiene un punto de llegada predefinido –que no pasaría en ningún caso por alterar la "indisoluble unidad de la nación". En todo caso, están abiertos a revisar el principio de lealtad institucional, el reparto de competencias; la modernización y racionalización de las administraciones públicas; y la reforma del Senado.

Por su parte, el equipo de Albert Rivera sí considera revisar aspectos que podrían apuntar en la línea de la reforma pero no para atender el clamor soberanista. Por ejemplo, la formación naranja aboga para aclarar la distribución de competencias y potestades normativas en la Constitución, entre los órganos centrales del Estado y las comunidades, así como revisar las estructuras territoriales de ámbito provincial y local. Asimismo, quiere que en sus seis meses de mandato la comisión estudie el cierre del Estado autonómico y la enumeración constitucional de las comunidades autónomas.