La advertencia pública que este domingo ha lanzado el president en el exilio, Carles Puigdemont, sobre el lawfare ha llegado también al PSOE, y el partido de Pedro Sánchez ha movido pieza. El gesto de los socialistas debería servir para desbloquear las negociaciones para la investidura, que el viernes quedaron embarrancadas tras una jornada de conversaciones de alta tensión. Finalmente, según ha podido saber ElNacional.cat, el PSOE habría aceptado este domingo abordar dentro de la ley de la amnistía la persecución judicial que sufren personas implicadas en el procés a través de causas no directamente relacionadas con la organización y defensa del 1-O. No obstante, este punto podría haber abierto un frente inesperado en las conversaciones, puesto que dentro de las filas socialistas la propuesta se ha asumido de mala gana y no todos los dirigentes que intervienen en la negociación la verían del mismo modo.

Garantizar que el lawfare no quede fuera de la ley de amnistía ha sido desde hace semanas una exigencia clave del partido de Puigdemont, pero el PSOE se ha resistido, señalando las líneas rojas que, según argumentan, hay que evitar pisar para lograr superar el filtro del Tribunal Constitucional. Los negociadores de Junts reclaman, además, que el texto sea lo bastante claro como para que la aplicación de la amnistía no quede en manos de las decisiones de los jueces de forma arbitraria. "El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial," advertía esta mañana Puigdemont a través de una publicación en la red X.

Lawfare

El ejemplo paradigmático que se señala repetidamente para explicar esta situación es la causa abierta contra uno de los colaboradores más estrechos de Puigdemont, el jefe de su oficina, Josep Alay, que aparece en el caso Volhov y está también acusado de malversación y prevaricación por un viaje que hizo en 2018 en representación del president al referéndum de Nueva Caledonia. Durante la instrucción del caso la defensa argumentó que se trataba de un viaje convenientemente justificado y que se cumplieron todos los requisitos económicos y jurídicos, por lo que Alay denunció que obedecía a una persecución política. Este episodio no corresponde a la etapa del PP, sino que se abrió ya con el PSOE y Podemos en el gobierno.

Desde Junts, además, se advierte de que el hecho de que las personas que sufren represión judicial quedaran fuera de la amnistía les impediría también pedir amparo a instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podrían remitirse a la existencia de dicha ley para desestimar sus casos.

La exigencia de que ninguna persona que se haya visto judicialmente perseguida por haber defendido el procés quede fuera de la amnistía provocó que el viernes las conversaciones embarrancaran. El hecho de que el jueves PSOE y ERC anunciaran que ya habían firmado el pacto sobre la ley no hizo sino complicar aún más el acuerdo.

Junts, en Bruselas

El sábado la negociación abrió un paréntesis, pero este domingo a media mañana el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, han regresado a Bruselas para reanudar los trabajos. También están en la capital belga el vicepresidente del partido, Josep Rius, y la presidenta del Parlament, Anna Erra. Está previsto que se incorpore también la presidenta del grupo parlamentario en el Congreso, Míriam Nogueras. La cúpula del partido estudia la nueva propuesta que este domingo ha hecho llegar el PSOE para intentar desbloquear el acuerdo.

Los socialistas, en medio de una fuerte presión política en Madrid y con manifestaciones diarias a la puerta del partido en la calle Ferraz, quieren cerrar el acuerdo lo antes posible para intentar superar la investidura la próxima semana. De momento, Pedro Sánchez ha logrado un consistente aval de las bases del PSOE. No obstante, para que una investidura de Sánchez fuera posible la próxima semana, debería cerrarse en cuestión de horas el pacto con Junts para someterlo a la ratificación de los órganos del partido y, si fuera necesario, de la militancia, y hacer llegar la propuesta de pleno de investidura a la mesa del Congreso, que debería convocar el debate este martes para que se celebrara este jueves y viernes.