La CUP ha llevado hoy en el Congreso de los Diputados una reforma legislativa que proponía una triple derogación. En primer lugar, la ley de seguridad ciudadana del 2015, también conocida como ley mordaza y un compromiso lejano tanto del PSOE como de Podemos. En segundo lugar, la modificación del Código Penal del 2015, que redefinió los delitos de atentado y alteración del orden público. Y, finalmente, la derogación del delito de sedición del Código Penal, que el Gobierno también quiere revisar. Y ha sido justamente la resistencia de los socialistas la que hará naufragar la iniciativa. Hoy ha tenido lugar el debate de toma en consideración. Y no será tomada en consideración, que se votará cuando finalice la sesión. Unidas Podemos sí que votará a favor.

En la defensa de la iniciativa, la diputada Mireia Vehí ha denunciado que estos tres instrumentos han servido al Estado para gestionar "de forma autoritaria el orden público", con Catalunya como "laboratorio represivo". Lo ha situado en el marco de una "criminalización del derecho a la protesta" que se inició el año 2015, con el gobierno de Rajoy, y que no se ha detenido. Y ha concluido al respecto: "Presentamos la propuesta por pura supervivencia, porque hay más de 3.000 personas represaliadas en Catalunya por delitos de orden público".

La iniciativa será secundada por otras formaciones, como Unidas Podemos o los partidos independentistas y soberanistas. La diputada Montse Bassa (ERC) ha cargado contra la "pasividad" del Gobierno, que "implica legitimar y mantener la represión y el autoritarismo". Míriam Nogueras (Junts) se ha preguntado "cuántas iniciativas más nos tienen que tumbar aquí para dejar de actuar de forma desacomplejada en Catalunya". Jaume Asens (Unidas Podemos) se ha visto obligado a defender que La Moncloa está dando pasos.

Pero todos estos apoyos no serán suficientes. La iniciativa de la CUP naufragará, con el voto el contra del PSOE. El PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox también se opondrán, como era de esperar. La socialista Ana María Botella lo ha calificado de "ocurrencia" y ha defendido que "no es posible derogar una ley sin alternativa". No hacerlo, ha avisado, sería la instauración de "la ley de la selva". Y se ha dirigido directamente a los cuperos: "Si de verdad quieren cambiar las cosas, condenen la violencia".