El PSOE balear ha presentado una denuncia en el juzgado de Palma contra el director general del IbSalut, Javier Ureña, a quien acusan de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en relación con la gestión del contrato de las mascarillas adjudicado en el 2020 —durante el mandato de la presidenta del Congreso, Francina Armengol— en la empresa Soluciones de Gestión, principal beneficiada del caso Koldo. El PSIB han presentado la denuncia por la renuncia al primer expediente de reclamación de 2,6 millones de euros de las mascarillas que se compraron esta empresa, investigada por la Audiencia Nacional. Lo ha anunciado este viernes el portavoz parlamentario de los socialistas, Iago Negueruela, que ha comparecido acompañado de la diputada Mercedes Garrido.
Los socialistas acusan a Ureña de construir, con conocimiento de la presidenta del govern balear, Marga Prohens, y el resto del ejecutivo balear, un expediente para ocultar la caducidad de la reclamación que había empezado el anterior gobierno. Atribuye los mismos cargos al socio mayoritario de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, y a la misma compañía.
Trato de favor
El govern balear adjudicó un contrato a Soluciones de Gestión por la compra de 1,4 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros durante los primeros meses de la pandemia. Los dirigentes de la conselleria de Salud enviaron a analizar las muestras de las mascarillas y descubrieron que tenían una calidad más baja de la contratada, y fueron retiradas. Por esta razón, y tres años después, el gobierno balear inició un expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa.
Ahora, en la querella presentada por el PSOE, los socialistas hablan de "trato de favor por parte de Ureña en su omisión de su deber de velar por el patrimonio público e intereses generales". Además, añaden que es una "clara administración desleal, al permitir deliberadamente y sabiendo su injusticia, la caducidad de los expedientes en claro beneficio de la empresa adjudicataria y sus partícipes". En la denuncia destacan, que el nuevo expediente de reclamación se pone en marcha sin ningún informe jurídico y que es una cortina de humo para ocultar que habían dejado pasar la primera reclamación. Los socialistas consideran claro que cuando estalla el caso Koldo y el gobierno de Prohens es consciente de que ha dejado caducar el primer expediente, hacen todo el posible para construir uno nuevo. Una actuación que tildan de "cortina de humo" y con unos motivos "que no tienen ningún apoyo jurídico". Los socialistas acusan a Ureña de construir de manera irregular un expediente administrativo para tener un relato de por qué dejaron caducar el expediente. Y añaden que "los actos llevados a cabo por el Sr. Ureña, concretamente su dejadez deliberada a partir del mes de noviembre 2023 en el cual se registran las alegaciones de la empresa adjudicataria (06/11/2023), corresponde con el posible trato con personas relacionadas con la empresa denunciada conforme las noticias publicadas".
Además, la denuncia destaca que desde el mes de noviembre "no se produce ninguna otra diligencia, no se requiere la enmienda de ninguna deficiencia y sobre todo: no se resuelve en plazo el expediente administrativo". Aparte, el PSIB apunta que en el momento que estalla la trama Koldo "se construye ex novo un expediente administrativo, con diligencias y resoluciones de fechas 19 y 21 de marzo de 2024, con el único propósito de construir un expediente —sin contar con el preceptivo informe jurídico— para ocultar que el expediente de reclamación de casi 3 millones de euros había caducado en la fecha señalada por la Audiencia Nacional".