La negociación entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez entra en la recta final. Las dos formaciones se han emplazado esta noche a cerrar un acuerdo este mismo jueves. Los socialistas y el partido de Carles Puigdemont podrían sellar el acuerdo político de manera pública mañana e iniciar la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso a principios de la próxima semana. No obstante, fuentes socialistas consultadas por ElNacional.cat admiten que con este movimiento no tendrán asegurada todavía la investidura, dado que falta rubricar el acuerdo con el PNV. La previsión de los socialistas sería intentar convocar la investidura a partir del próximo miércoles, en caso de que esta vez sí consiga cerrar el acuerdo con Junts y, posteriormente, las negociaciones con el PNV.
Las negociaciones con Junts han continuado esta semana en Bruselas en medio de una discreción absoluta, mientras en Madrid la tensión se ha disparado con manifestaciones cada noche delante de la sede socialista alimentadas por la ultraderecha. Con todo, la respuesta de Pedro Sánchez esta mañana no ha dejado ninguna duda sobre la decisión del PSOE de sacar adelante el acuerdo con los independentistas. "No nos intimidan y seguiremos adelante. Vamos a tener gobierno y vamos a gobernar cuatro años más", ha asegurado durante una visita a los trabajadores de la sede de calle Ferraz.
Prisas del PSOE
El PSOE tiene prisa. No lo esconde. No obstante, la cúpula de Junts se ha reunido dos veces en Bruselas, el pasado jueves y este lunes, sin conseguir dar luz verde al acuerdo. A pesar de todo, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, responsable de las conversaciones con Junts, espera desde el lunes en un hotel de la capital belga que se cierre el pacto para poder rubricarlo. Por su parte, Puigdemont está acompañado en Bruselas por la presidenta del partido, Laura Borràs, el secretario general, Jordi Turull, y la presidenta del grupo parlamentario en el Congreso, Míriam Nogueras. De hecho, serán Cerdán y Turull los responsables de firmar el acuerdo entre los dos partidos.
Junts ha insistido desde el domingo en exigir que la ley de amnistía incluya el lawfare, es decir, la persecución judicial que sufren personas que han participado en el procés pero que se encuentran investigadas a través de casos que no tienen nada que ver con la organización y defensa de la consulta del 9-N o del referéndum del 1-O. La decisión que comunicó este martes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, de incluir, entre otros, a Carles Puigdemont y la secretaría general de ERC, Marta Rovira, en una investigación de terrorismo por el caso Tsunami no ha hecho más que incrementar la alerta de los negociadores de Junts sobre la necesidad de delimitar de manera muy clara la ley de amnistía y evitar que su aplicación quede en manos de la decisión de los jueces.
Pero las presiones se multiplican y en múltiples frentes. Si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) irrumpió el lunes en la negociación, cargando contra la amnistía, este miércoles ha sido el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, quien ha hecho llegar una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, pidiendo información sobre la ley de amnistía.