La polémica que rodea a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha llegado a los tribunales. El PSOE de Madrid ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada reclamando que investigue el contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid para compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta ya que entienden que podría haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos". La denuncia se interpone contra "todas aquellas autoridades, funcionarios y articulares que puedan aparecer como responsables" de la presunta comisión de "delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y caudales públicos".
En la misma línea Más Madrid ha presentado este viernes un escrito ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta ya que entiende que podría haber "cohecho" y "tráfico de influencias" y auguran que es "la primera piedra" de un caso mayor de corrupción. Así lo ha precisado la portavoz, Mónica García en la entrada de la Fiscalía, donde ha indicado que la formación está investigando "más contratos" que podrían ser sospechosos de irregularidad. En el texto registrado, la formación incluye SMS anónimos recibidos en noviembre en el que se advertía del contrato en cuestión que ha desatado un cisma entre Ayuso y la dirección nacional del PP.
Más Madrid ya tenía pruebas
La denuncia relata que Más Madrid ya había recibido informaciones anónimas sobre esta comisión el 7 de noviembre por medio de SMS de origen desconocido y que en un principio el responsable jurídico de la formación las había descartado porque no tenía elementos para contrastarlas. Recuerda que más tarde, con la aparición del expediente del contrato con Priviet Sportive por valor de 1.250.000 euros, ya reclamó la comparecencia del hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, y de los responsables de la empresa en la Asamblea de Madrid, pero la Mesa, liderada por el PP y Cs, cerró las puertas a sus peticiones.
Una vez publicadas nuevas informaciones y la misma presidenta de la Comunidad de Madrid haya admitido la comisión (a pesar de que Ayuso defiende que es legal), Más Madrid cree que "existen indicios y elementos suficientes de veracidad" para pensar que se han cometido ilegalidades. Por todo eso pide a la Fiscalía que abra un expediente y ordene diligencias de investigación para determinar si se produjeron delitos, y también que designen un fiscal especial para dirigir la investigación y, en su caso, se lleven a cabo las acciones penales oportunas para los responsables.