El Congreso de los Diputados empezará a estudiar una proposición de ley impulsada por el PNV con el objetivo de “ahondar en el control político y judicial” de las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia, en especial en lo relativo a las “intervenciones con afección en derechos fundamentales”, que requieren de las “máximas garantías” y del “máximo respeto al Estado de derecho”. Así figura en la exposición de motivos de una iniciativa que ya se debatió en diciembre de 2022 y que fue rechazada con el voto en contra del PP, el PSOE y Podemos. Ahora, los socialistas y los morados han cambiado su posición y han avalado que la propuesta supere su primer examen parlamentario y empiece a andar en la Carrera de San Jerónimo: la toma en consideración se ha aprobado por 177 votos a favor y 170 en contra. La reforma de las leyes que regulan el CNI es una propuesta a la que se comprometió Pedro Sánchez en mayo de 2022 como respuesta al Catalan Gate, pero desde entonces ha quedado en un cajón: no figuraba en los planes de la Moncloa para este año y no se incluye en el plan anti-fango que aprobó el Gobierno la semana pasada. Así que han tenido que ser los jeltzales los que lo pongan encima de la mesa. “El Gobierno nunca ha cumplido el compromiso del presidente, ni siquiera con disposición a hacerlo”, ha lamentado Mikel Legarda, diputado del PNV.
La proposición de ley se articula en dos vertientes. Por un lado, reforma la Ley reguladora del CNI para reforzar su control político estableciendo una "responsabilidad política y directa” del presidente del Gobierno, para que sea él quien proponga al director y al secretario general del CNI (que hasta ahora dependían del ministro de Defensa) y permitir que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso pueda “conocer los medios a través de los cuales se producen las intervenciones que han recibido autorización judicial”. Por otro lado, modifica la Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del CNI para profundizar el control judicial. Así pues, las autorizaciones judiciales pasarían a depender de un “órgano colegiado compuesto por tres magistrados del Tribunal Supremo”, que las tendrían que acordar por “unanimidad” y “mediante resolución motivada”. Ahora mismo, hay un único juez que se encarga de ello: Pablo Lucas, que hace unas semanas fue candidato a presidir el CGPJ. De hecho, él fue quien autorizó las escuchas con Pegasus a Gonzalo Boye y, a la vez, participó en casos contra algunos de sus clientes.
Asimismo, el PNV quiere que el director del CNI tenga que “especificar los medios y recursos a emplear, detallando sus características concretas” cuando solicite una autorización judicial y que haya un control judicial ex-post con el objetivo de que los jueces sean “informados” por el director del CNI del “grado de ejecución de cada autorización”. En nombre del PNV, Mikel Legarda ha reivindicado que es “necesario perfeccionar el marco normativo” del CNI para que la ley “no vaya por detrás de la tecnología altamente invasiva de la privacidad” y ha subrayado la necesidad de “compatibilizar y equilibrar” la “discreción y reserva” de la actuación de los servicios de inteligencia con la “protección de los derechos fundamentales” y la “existencia de controles internos y externos de su actividad”.
Los partidos independentistas han elogiado la propuesta del PNV. Francesc-Marc Álvaro (de ERC) ha celebrado que la propuesta del PNV se encamine hacia conseguir un CNI “más garantista, más cerca de la realidad de los ciudadanos y más cerca de las democracias que de los sistemas autoritarios” y ha puesto de relieve que el texto introduce “criterios claros de proporcionalidad, transparencia, modernidad, responsabilidad política y muchas más garantías jurídicas en el control de los medios” del CNI. Y Josep Pagès (de Junts) ha reivindicado que la iniciativa es un “avance” porque “propone aclarar la responsabilidad política de las actuaciones del CNI y mejorar el control parlamentario” y ha agradecido al PNV la “persistencia en la empresa de someter todos los espacios del estado, especialmente los rincones más oscuros, al control democrático.”
El PSOE argumenta su cambio de postura adduciendo que “los tiempos avanzan”
¿Y qué dice el PSOE? Quien ha anunciado el voto a favor de los socialistas ha sido su portavoz en el Congreso. En rueda de prensa, Patxi López ha defendido que es una “cuestión de sentido común”, dado que “los cambios tecnológicos son tantos y tan rápidos que han dejado obsoletas las herramientas clásicas de protección de la ciudadanía y los marcos regulatorios”. Sin embargo, el PSOE se opuso al mismo texto hace casi dos años e imposibilitó que el Congreso lo tomara en consideración. Ahora, desde las filas socialistas arguyen que “toca modificar” las normas que regulan el CNI, que “fueron aprobadas hace más de veinte años", para "estar a la altura” de los tiempos actuales. ¿Qué ha cambiado entonces? “Ha cambiado el tiempo, los tiempos avanzan a tal velocidad que dejan obsoletas regulaciones que teníamos antes y que servían”, ha contestado Patxi López a preguntas de los periodistas. Han pasado menos de dos años, y ahora el PSOE sí se abre a estudiar el texto. Y el PNV reclama que la iniciativa “no se quede guardada en un cajón”.
Josep Pagès (Junts): “La inteligencia no tiene carta blanca para dedicarse a la persecución del adversario político”
El independentismo ha aprovechado el debate para recordar el espionaje que sufrieron 65 políticos, periodistas, activistas y abogados con Pegasus en el conocido como Catalan Gate. “Es el mayor caso de ciberespionaje que se conoce, vieron sus derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la defensa vulnerados directamente por la actuación del Gobierno no por motivos de seguridad, sino por motivos estrictamente políticos”, ha sostenido a Josep Pagès. El diputado de Junts ha esgrimido que los servicios de inteligencia tienen “como finalidad la seguridad del Estado” y “no tienen carta blanca para dedicarse a intereses espurios como la persecución del adversario político” y ha lamentado que el CNI se dedicara a “espiar, delinquir, perseguir y vulnerar derechos ante una demanda democrática”. Asimismo, ha mencionado el caso de Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, a quien “todas las cloacas del estado han marcado como enemigo público a batir” y a quien se espiaba para “descubrir las estrategias de defensa legal del presidente en el exilio”.
Francesc-Marc Álvaro (ERC): “Quien practica el tacticismo acaba enterrado en sus incumplimientos”
Por su parte, Francesc-Marc Álvaro ha reprochado a Pedro Sánchez que no haya cumplido su compromiso de presentar una reforma de la ley del CNI. Le ha advertido de que está “atrapado” en un “tacticismo” que “crea desconfianza” y que “no sirve para andar una legislatura” y lo ha avisado de que “quien practica el tacticismo acaba enterrado en sus incumplimientos”. “A todos se nos puede agotar la paciencia”, ha remachado. Además, ha interpelado al PP y ha afirmado que a los populares también les interesa un CNI que “no sea incompetente y arbitrario”, que “no espíe a los ciudadanos” y que “sea más parecido a Suecia que a Arabia Saudí”. Durante su intervención, el diputado de ERC ha recordado el “escándalo internacional” supuso el caso Pegasus, ha señalado que Pere Aragonès fue espiado “mientras estaba negociando”, cosa que plantea si “vale la pena mantener el adjetivo de plena en una democracia”, y ha apuntado que “se sabe y se ha comprobado” que el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, era confidente del CNI. “Votamos si queremos un CNI del siglo XXI o la TÍA de Mortadelo y Filemón”, ha añadido.