Ha costado muchísimo, pero finalmente la derogación de la ley mordaza está más cerca. Las iniciativas seguían bloqueadas en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, finalmente, como prometió Pedro Sánchez en el congreso de València, las ha desbloqueado. Este mismo miércoles, el PSOE y Unidas Podemos han registrado enmiendas a la propuesta de derogación registrada por el PNV, que es la que servirá de base para los trabajos. La intención es que la nueva ley de seguridad ciudadana deje claro que los poderes públicos tienen que garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Y también que establezca su subordinación a los tratados internacionales en esta materia. Estas son las principales claves de la reforma planteada por la Moncloa, cerrada durante las últimas semanas y que se traduce en 50 enmiendas. Además, cada uno de los grupos ha presentado sus propias enmiendas.

Derecho de manifestación

Con respecto a la garantía del derecho de manifestación, las enmiendas registradas corrigen todo lo que tiene que ver con la comunicación previa. “La carencia del trámite previo de comunicación, aunque se pueda considerar infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación”, señala el texto propuesto. De hecho, se contempla que “la falta de comunicación previa” no será considerada infracción cuando el ejercicio del derecho “precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora”. Fuentes del ejecutivo ponen el ejemplo de manifestaciones como las de protesta contra la sentencia de la Manada.

De la misma forma, se pone el foco en la actuación proporcional de los cuerpos policiales en estas concentraciones: “Las medidas para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos”. Las manifestaciones solo serán sancionables “si provocan violencia o alteración del orden público”.

Registros corporales

Otro aspecto cerrado entre el PSOE y Unidas Podemos es el que tiene que ver con registros corporales externos e identificación de ciudadanos. Estos registros se podrán practicar cuando haya “indicios fundamentados racional y objetivamente”. Se llevarán a cabo sin dejar a la vista la totalidad del cuerpo, “con el máximo respeto a la identidad sexual” y “procurando hacerlo siempre en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros”. El agente tendrá que dejar constancia de esta diligencia, así como las causas y la identidad del mismo agente. Se podrán realizar contra la voluntad del afectado “adoptando las medidas de compulsión necesarias”.

Dos horas en comisaría

Respecto a las identificaciones, el texto conjunto del PSOE y Podemos establece que, cuando no fuera posible la identificación por cualquier otro medio, «los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir que les acompañen a las dependencias policiales “más próximas” con el único efecto de su identificación “por el tiempo estrictamente necesario”». En este sentido, se señala que “en ningún caso podrá superar las dos horas”. Solo de forma excepcional, “por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada”, este plazo se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas.

Reducción de sanciones

Los dos socios del Gobierno también quieren introducir cambios en la cuantía económica de las multas, reduciendo las multas que son “excesivas” y dejando claro que se tienen que aplicar siempre “criterios de proporcionalidad”. Así, en el apartado de “graduación de las sanciones”, se introducen dos nuevas variables: la capacidad económica del infractor y la minoría de edad del infractor. Según el texto, se tendrá en cuenta “la singularidad del supuesto de hecho”, “pudiendo dar lugar a la suspensión de la sanción o a su reducción, a la conciliación de la persona autora con las personas ofendidas y a la actividad reparadora, en especial en aquellos supuestos en que el infractor sea menor de edad”. De esta manera, según explican fuentes del Ejecutivo central, “se eliminaría la limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez”.

Ponen cifras a la reducción de multas. Para aquellas personas que perciban un salario de hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, la reducción será del 50%. Para quienes cobren entre 1,5 y 2,5 veces el SMI, la reducción será del 25%.

El trabajo de los periodistas

Durante los años que ha estado en vigor la llamada ley mordaza, ha habido muchas quejas y reclamos de los profesionales de los medios de comunicación, especialmente por lo que tiene que ver con las imágenes en la vía pública. El acuerdo alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos es claro al respecto: “No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”. Solo se considerará infracción grave “el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o pongan el riesgo el éxito de una operación”. Esta situación de peligro “habrá de reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”.