PSOE y Unidas Podemos se unen a la pinza PP - VOX - Ciudadanos para impedir que el ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska comparezca en el Congreso de los Diputados a raíz de la infiltración de policías a las organizaciones independentistas juveniles Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y Jovent Republicà. Es una petición que habían registrado ERC, Junts, EH Bildu, el PDECAT, la CUP, Compromiso y el BNG a raíz del informe de Interior que calificaba de "legítima y oportuna" la infiltración teniendo en cuenta que, según su opinión, a Catalunya "se ha producido violencia grave y se ha visto afectado tanto el libre ejercicio de los derechos y las libertades como la seguridad ciudadana".
El escrito firmado por todas estas formaciones ha embarrancado a la Junta de Portavoces de este martes por la oposición del PP, VOX, Ciudadanos, el PSOE y Unides Podem. Fuentes parlamentarias explican que el portavoz de los morados, Pablo Echenique, ha votado en contra "porque es el ministro quien tiene que decidir como da explicaciones". Sin embargo, el mismo partido ha justificado en ElNacional.cat que no aceptan comparecencias de ministros "que no sean a petición propia, tal como marca el acuerdo del gobierno de coalicio". La petición pretendía que Marlaska compareciera a la comisión de Interior.
Después de que Òmnium Cultural hiciera público el informe de Interior a raíz de una demanda presentada en la Audiencia Nacional, el ministro Fernando Grande – Marlaska se defendió de las acusaciones del independentismo por haber justificado la infiltración. Marlaska aseguró que las fuerzas y los cuerpos policiales del Estado actúan "bajo el estricto sometimiento a la ley" recordando que sus funciones "están recogidas a la Constitución" y que son "las de garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos y de las libertades".
El caso en los juzgados
En respuesta a un contencioso administrativo presentado por Òmnium, el departamento de Interior vinculaba la captación de agentes infiltrados a las prácticas habituales de la lucha antiterrorista y consideraba "legítimo, idóneo y oportuno" infiltrar agentes en los movimientos juveniles para captar información. A principios de agosto, Òmnium presentó una demanda en la Audiencia Nacional por los casos de monitorización policial en el SEPC y a Jovent Republicà en la cual denunció la vulneración de derechos fundamentales a la intimidad, a la asociación y a la desviación de poder. De hecho, Xavier Antich lamentó el silencio del ministro Grande Marlaska. Anteriormente, la entidad había enviado un requerimiento administrativo al Ministerio del Interior dando diez días para que pararan las prácticas ilegales de agentes de la policía a los movimientos juveniles e independentistas. Como transcurrió este periodo, Òmnium activó la vía judiciales "para desenmascarar el juego sucio del Estado y conseguir la condena".