Los socios de La Moncloa son conscientes de que no disponen en estos momentos de los votos para aprobar la nueva ley de memoria democrática. Los potenciales aliados, como los partidos independentistas, alertan de que es del todo insuficiente. En este contexto, el PSOE y Unidas Podemos han registrado una treintena de enmiendas conjuntas para mejorar el texto y que, entre otras cosas, se puedan investigar y juzgar los crímenes de la guerra civil y la dictadura franquista. A pesar de todo, desde ERC admiten que todavía están "lejos" de su apoyo a la nueva norma.
Así, según las enmiendas pactadas entre los dos partidos, todas las leyes del Estado español, incluyendo la ley de amnistía del 77, "se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y en particular con el derecho internacional humanitario". De esta manera, continúa el texto, "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura" tendrán la consideración de "imprescriptibles y no amnistiables". Por lo tanto, la norma del 77 no podrá impedir la investigación de estos crímenes.
Este enfoque va en línea de una de las cinco enmiendas conjuntas que registraron la semana pasada las formaciones independentistas catalanas, vascas y gallegas. ERC, Junts, el PDeCAT, la CUP, EH Bildu y el BNG proponen que la ley de amnistía "no impida que los juzgados y tribunales investiguen, juzguen e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos". Los grupos argumentan que "sin estas modificaciones se sigue perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad" y recuerdan cómo los familias tienen que acudir a otros países para intentar que se haga justicia".
A pesar del acercamiento de posiciones en este sentido, desde ERC admiten que todavía están "lejos" de la norma presentada por el Gobierno. Sin ir más lejos, fuentes republicanas recuerdan cómo ni siquiera se declara "ilegal" el régimen franquista.
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