Sello final a las modificaciones de la Ley del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal pactadas entre el PSOE y el PP para permitir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que llevaba cinco años y medio con el mandato caducado. El Senado ha validado la proposición de ley acordada entre los dos partidos del régimen del 78 por 227 votos a favor, seis en contra y una abstención: de nuevo, el PSOE y el PP se han quedado solos, ante la negativa del resto de partidos y la abstención de Más Madrid (igual que Sumar). Junts ha votado en contar y ERC no han participado en la votación. La reforma legislativa, que iba acompañada del reparto de los nuevos veinte vocales del CGPJ, tiene tres objetivos primordiales: poner punto final a las puertas giratorias entre el mundo político y judicial (tendrán que pasar cinco años para que políticos en activo se conviertan en fiscales generales del Estado o en vocales del CGPJ), reforzar las mayorías para aprobar nombramientos de magistrados (que requerirán una mayoría de tres quintos) e instar al nuevo CGPJ, que se constituyó el jueves pasado, a plantear una “propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados”.

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Además, el Senado ha rechazado ampliamente el veto que había presentado Vox, que denunciaba un “acuerdo del bipartidismo para la politización de la Justicia y para su control por parte de los partidos políticos”: tres síes y 241 noes. La cámara alta ha ratificado la ley después de una tramitación acelerada y exprés durante el mes de julio tanto en el Congreso como en el Senado. Socialistas y populares tenían prisa, como demuestra el hecho que desde que anunciaron su alianza hasta que han rubricado la votación definitiva han pasado 36 días.

“Abandonar la Justicia en manos de la Toga Nostra y de los jueces prevaricadores”

Durante el debate en el Senado, que ha sido el primer pleno en el que han asistido los nuevos senadores designados por el Parlament de Catalunya después del 12-F, tanto Junts per Catalunya como ERC han cargado contra la pinza PSOE-PP. Eduard Pujol, el nuevo portavoz juntaire en la cámara alta, ha catalogado la ley de “teatrillo” y “camama” y ha denunciado que el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo para “abandonar la Justicia en manos de la Toga Nostra, de los jueces prevaricadores y de la caspa de siempre” a pesar del “golpe de Estado híbrido que se activó con la aprobación de la ley de amnistía” y al hecho de que “una parte del poder judicial apostó por la rebelión y por no aplicarla”. “Lo que es realmente grave es el miedo y la cobardía de plantar cara a los golpistas profesionales que trabajan desde el mismo estado para el propio estado”, ha proclamado. “Planten de cara al golpe judicial y permitan el retorno con normalidad del president Puigdemont”, ha concluido.

 

Y es que Carles Puigdemont también ha sido protagonista del primer discurso de Eduard Pujol en el Senado. “Al PP, y a una parte notable del PSOE, la democracia les importa un comino si pueden acabar con la dimensión política de Puigdemont y con el partido mayoritario del catalanismo político”, ha esgrimido. Además, el nuevo portavoz juntaire también ha tenido tiempo para enviar un mensaje a ERC después del preacuerdo de los republicanos con el PSC para investir a Salvador Illa: “Catalunya superará la poca traza de los que confunden la presidencia de Catalunya con una delegación más del Gobierno y podrá superar un posible mal pacto de investidura en Catalunya”, ya que “hablar de «concierto económico» es ciencia ficción”.

“La despolitización de la Justicia nace con una terrible falsedad”

Por su lado, Joan Queralt, senador de ERC, ha criticado que “la despolitización de la Justicia, que es el lema de esta reforma, nace con una terrible falsedad”, dado que “hay politización donde hay Consejo General del Poder Judicial”, mientras que “los países que no tienen CGPJ no tienen politización de la Justicia o no es un problema político”. Queralt ha censurado que, a pesar de la nueva ley, se nombrarán los altos cargos de la magistratura “como siempre, por afinidad” y ha lamentado que, “no habrá despolitización mientras la mayoría de integrantes de la justicia y de la Fiscalía provengan de la misma clase social”.

El recorrido de la ley en las Cortes Generales

La proposición de ley salió de la Carrera de San Jerónimo el 23 de julio, cuando recibió luz verde en el pleno maratoniano que también sirvió para que Junts pusiera en evidencia la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez votando en contra de la senda de déficit y de la reforma de la ley de extranjería. Previamente, la cámara baja había rechazado las enmiendas a la totalidad que presentaron Vox y Podemos. La formación de extrema derecha, que catalogó el pacto entre el PSOE y el PP como la coalición “Pepesoe”, proponía que fueran los jueces y magistrados (un sector en el que domina sobradamente la ideología conservadora) quienes escojan directamente las doce plazas que tienen reservadas en el CGPJ, sin participación de los partidos políticos.

Por su parte, los morados reclamaban que solo hiciera falta mayoría absoluta (y no tres quintos, como actualmente) para que el Congreso nombre a los vocales del CGPJ y querían introducir un nuevo sistema de concurso entre abogados del turno de oficio con cinco años de experiencia. Las críticas de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, a la pinza entre el PSOE y el PP llegaron pocos días después de que el juez Joaquín Aguirre confesara que quería tumbar el Gobierno de Sánchez y que se publicaran las investigaciones de la policía patriótica a diputados de Podemos.

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Una semana antes, en el primer examen parlamentario en el Congreso, los socios de investidura de Sánchez se habían descolgado de su habitual alianza al Congreso y habían dejado solos a los socialistas con el PP en la votación de la toma en consideración de la reforma legislativa. Esta ley es fruto del pacto que firmaron el PSOE y el PP en Bruselas gracias a la mediación de la Comisión Europea.