El Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves las enmiendas a la totalidad de Vox y Podemos a la reforma de la Ley del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal pactada entre el PSOE y el PP. Se trata de uno de los dos puntos del acuerdo para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que tienen el mandato caducado desde hace cinco años y medio. Con el rechazo del Congreso a estas enmiendas, el día 23 de julio se celebrará un nuevo Pleno en esta cámara, que servirá para aprobar este relevo de miembros en el CGPJ y, al mismo tiempo, enviar al Senado la versión definitiva de la reforma de la ley del Poder Judicial. Ha sido una sesión marcada por el inminente divorcio entre PP y Vox; y por las denuncias de Podemos al uso de los populares de la policía patriótica.
El encargado de defender la enmienda de Vox ha sido Javier Ortega Smith, que se ha referido a socialistas y populares como una coalición denominada "la Pepesoe". Ha denunciado los diversos acuerdos a los que han llegado los dos principales partidos del estado español, más allá del Consejo General del Poder Judicial, que es lo que precisamente ha puesto en riesgo la relación entre PP y Vox. El mismo Santiago Abascal ha dado este jueves por sentenciados los acuerdos autonómicos con el PP y ha acusado a Feijóo de "romperlos". El otro tema que ha sobrevolado este debate ha sido la guerra judicial que los jueces españoles practican contra la disidencia política. Ione Belarra, por parte de la formación morada, ha instado al PSOE a romper su acuerdo con el PP después de que el juez Aguirre haya confesado querer tumbar el gobierno de Pedro Sánchez y después de que se hayan publicado las investigaciones de la policía patriótica a Podemos.
Hace una semana, los socios de investidura de Pedro Sánchez ya se descolgaron de su habitual alianza en el Congreso con el PSOE, y dejaron solos a los socialistas pactando con el PP la reforma de la ley del Poder Judicial. Solo Coalición Canaria se sumó a las luces verdes de los diputados de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Las propuestas de Podemos y Vox
Vox proponía en su enmienda a la totalidad que sean los jueces y magistrados —un sector profesional en que domina sobradamente la ideología conservadora— quienes escojan directamente las doce plazas que tienen reservadas en el CGPJ, sin ningún tipo de participación de los partidos políticos. En su propuesta, el Congreso y el Senado solo habrían podido escoger ocho de los veinte miembros restantes. Aparte, la formación de extrema derecha proponía que hubiera un acuerdo favorable del CGPJ cada vez que se nombre o se cese el Fiscal General del Estado. El argumento de los hombres de Santiago Abascal es que el cargo disfrutaría entonces de más independencia.
Podemos, por su parte, defendía una reforma del acceso a la carrera judicial que combine el actual sistema de oposición con un nuevo sistema de concurso entre abogados del turno de oficio con cinco años de experiencia, que serviría para cubrir la mitad de las plazas de jueces. Los morados pretendían abrir la carrera judicial a la "realidad del ejercicio del derecho y en sectores sociales que no pueden afrontar la preparación de la oposición en la actualidad". La propuesta iba acompañada de un sistema obligatorio de becas por motivos económicos para los opositores. Paralelamente, la formación capitaneada por Ione Belarra pedía que solo hiciera falta mayoría absoluta (y no tres quintos, como actualmente) para que el Congreso de los Diputados nombre vocales al CGPJ.
El pacto PSOE-PP
La reforma de la ley del Poder Judicial tiene como objetivo poner punto final a las puertas giratorias entre el mundo judicial y político; así como reforzar las mayorías para aprobar nombramientos de magistrados e instar al nuevo Consejo General del Poder Judicial a hacer propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales. Se trata, al fin y al cabo, de la condición sine qua non que impuso Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez para que la 'gran coalición' se repartiera a partes iguales los nuevos miembros del CGPJ; y se pusiera así punto final a una cúpula judicial con el mandato caducado desde hace cinco años y medio.
A grandes rasgos, PSOE y PP han decidido establecer que cualquier persona que en los últimos cinco años haya sido un alto cargo del Gobierno o ejecutivo autonómico, senador, europarlamentario o diputado en el Congreso no podrá ser escogido como vocal del Consejo General del Poder Judicial. También se decreta que los jueces que soliciten su reingreso al servicio activo después de haber ejercido un cargo político tendrán que esperar dos años sin ejercer funciones jurisdiccionales. Eso aplicará para los magistrados que se presenten como candidatos en elecciones al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados, al Senado, a los parlamentos autonómicos o a las Corporaciones locales o los que sean nombrados para cargo político o de confianza.
La ley también incorpora la obligación de los vocales del CGPJ de haber comparecido con anterioridad en una comisión en la que se acredite el prestigio y la idoneidad del jurista. Por otra parte, los nombramientos que hace el Consejo General del Poder Judicial requerirán una mayoría de tres quintos. Eso incumbe los presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, el presidente y los presidentes de sala de la Audiencia Nacional, los presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los presidentes de las Audiencias Provinciales.
Por último, la ley insta a los nuevos miembros del CGPJ a elaborar, en el plazo de seis meses, un informe que examine los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados. Se tendrá que aprobar por una mayoría de tres quintos de los vocales y tiene un requisito claro: "Que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del estado de derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un CGPJ conforme con los mejores estándares europeos".
Posteriormente, la propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que "se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación". Hay divergencia de interpretación entre socialistas y populares respecto de este punto del acuerdo. El PP defiende que tendrán que ser escogidos por los jueces, mientras que el PSOE indica que eso no figura en ningún caso en el acuerdo firmado esta semana entre los dos partidos y que ahora se tendrá que negociar una vez reciban un informe por parte del CGPJ.