Pacto definitivo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial simultáneamente en julio. Después de cinco años y medio con el mandato caducado, los dos principales partidos españoles han acordado este martes en Bruselas que cada uno tenga diez vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Puedes consultar aquí la lista de los nuevos veinte vocales pactados entre socialistas y populares. Los dos partidos también han acordado que a partir de ahora las decisiones y los nombramientos hechos por el CGPJ requieran de una mayoría reforzada de tres quintas partes. Es decir, que una vez se reforme la ley, progresistas y conservadores tendrán que convencer miembros del otro 'bando' cada vez de que tengan que deliberar sobre alguna cuestión. Los nuevos miembros del CGPJ tendrán ahora una misión: recibirán el encargo de presentar en un periodo de seis meses una propuesta sobre cómo se tendrán que escoger a partir de ahora los vocales de la cúpula judicial. Puedes consultar aquí la letra pequeña del acuerdo entre socialistas y populares.
Con respecto a la nueva ley, PSOE y PP han acordado que no se pueda nombrar a un Fiscal General del Estado que haya sido miembro del Gobierno en los últimos cinco años. De la misma manera, se ha pactado eliminar las puertas giratorias entre judicatura y política: cualquier juez proveniente de un cargo político tendrá que esperar dos años para volver a dictar sentencia. Y nunca más podrá volver a dictar una sentencia que tenga contenido político, afecte a un partido político o a una persona que ejerza la política. Finalmente, también han acordado nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional; una plaza vacante desde que el magistrado Alfredo Montoya (escogido por el PP) abandonó el cargo por motivos de salud. La propuesta de los populares es que esta vacante la cubra José María Macías, que es actual vocal del CGPJ.
La firma del acuerdo se ha producido en Bruselas, con la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, que ha hecho de mediadora en el último tramo de la negociación, después de sustituir en esta tarea al comisario Didier Reynders. Hace medio año, la Comisión Europea aceptó ejercer como mediadora, después de años advirtiendo sobre el impacto en la democracia española de la no-renovación del CGPJ. En la rueda de prensa, el popular Esteban González Pons ha destacado que los dos años de negociaciones con Félix Bolaños han marcado "el inicio de una amistad", mientras que el ministro de la Presidencia y de Justicia ha celebrado que este martes ha quedado "demostrado que las crisis más graves se pueden resolver gracias a la negociación".
La necesidad del acuerdo PSOE-PP
El acuerdo entre PSOE y PP era imprescindible porque la ley estipula que se necesitan tres quintas partes del Congreso de los Diputados para renovar el CGPJ. Últimamente, el socio del PSOE en el Gobierno, Sumar, ha pedido cambiar las mayorías necesarias para renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces españoles. Pero Pedro Sánchez ha insistido siempre que había que encontrar una solución alternativa.
Por este motivo hace un par de semanas puso sobre la mesa del PP un ultimátum con el que amenazaba, en caso de no haber un acuerdo antes del mes de julio, modificar la ley para eliminar la competencia del CGPJ de nombrar magistrados en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. El presidente del Gobierno justificaba que esta competencia ha sido siempre "el incentivo perverso" del PP para mantener viva esta mayoría conservadora en la cúpula judicial.
A la cuarta va la vencida
Cuando todavía no había caducado el mandato del CGPJ, populares y socialistas acordaron que el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial fueran presididos por el mismo hombre que se encargó más tarde de sentenciar a los líderes del procés a un siglo de prisión. El pacto era que Manuel Marchena fuera el presidente y que, a cambio, hubiera una mayoría progresista en este órgano. Pero todo estalló cuando se filtró un mensaje de WhatsApp que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, mandó a un grupo del partido. En aquel mensaje, celebraba la "jugada estupenda" con la que los populares conseguían "controlar por la puerta de atrás la sala segunda" del Tribunal Supremo; que es la sala de lo penal. Después de este escándalo, el mismo Marchena anunciaba en un comunicado la decisión de descartarse como candidato a presidido el CGPJ y el Supremo.
En 2020 también se frustró otro intento para renovar el CGPJ. La excusa del PP, esta vez, fueron los "ataques" de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno, a Felipe VI, después de que el rey emérito Juan Carlos I comunicara la decisión de huir de España. Más tarde, y ante la imposibilidad de que PSOE y PP llegaran a un acuerdo, Carlos Lesmes dimitió de su cargo. Eso provocó una reunión inmediata y de urgencia entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
A pesar de nacer una nueva oportunidad para socialistas y populares para llegar a un acuerdo definitivo, todo se fue al traste: el PP se levantó de la mesa cuando Pedro Sánchez anunció la intención de derogar el delito de sedición y sustituirlo por el delito de desórdenes públicos agravados. Desde entonces, los socialistas siempre han insistido en que "en 15 minutos" se podía firmar el acuerdo entre las dos partes, porque todo ya estaba terminado y a última hora el PP se levantó de la mesa.