Los socios de investidura de Pedro Sánchez han aislado este jueves al PSOE en el Congreso de los Diputados y lo han dejado solo con el PP. Con los 250 votos de socialistas y populares, la cámara baja ha dado el primer paso para reformar la ley del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal. Pero incluso Sumar ha plantado al partido de Pedro Sánchez. Junto con el PNV, se ha abstenido en la votación. Ha votado en contra Junts per Catalunya, BNG, Podemos y Vox. Esquerra Republicana y Bildu han decidido no participar en la votación. Todos han denunciado el reparto de poder entre los dos grandes partidos del régimen del 78. Pero la cámara baja ha acabado tomando en consideración la propuesta pactada entre PSOE y PP, que tiene como objetivo poner punto final a las puertas giratorias entre el mundo judicial y político; así como reforzar las mayorías para aprobar nombramientos de magistrados e instar al nuevo Consejo General del Poder Judicial a hacer propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales. Se trata, todo, de la condición sine qua non que impuso a Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez para que la 'gran coalición' se repartiera a partes iguales los nuevos miembros del CGPJ; y se pusiera así punto final en una cúpula judicial con el mandato caducado desde hace cinco años y medio. A pesar de la certificación del pacto PSOE-PP, las dos formaciones se han vapuleado dialécticamente. Ha habido reproches, y también ataques por parte de los socios al poder judicial. Míriam Nogueras ha disparado contra la "mafia judicial" de la Toga Nostra.

De todos modos, PSOE y PP han demostrado que un pacto entre los dos grandes partidos españoles no implica, en ningún caso, una tregua entre ellos. Se han peleado de lo lindo desde el atril del Congreso. El primero a hablar ha sido el popular Miguel Tellado, que ha defendido que el acuerdo por el CGPJ pone límites al "populismo" de Pedro Sánchez. Ha acusado al presidente del Gobierno de querer acaparar "poder sin límites" y ha aplaudido a su partido por ser "decisivo" en la renovación de la cúpula de los jueces españoles. Ha aplaudido la "valentía" de Feijóo de llegar a un acuerdo con el PSOE. Este mismo portavoz popular ha gritado durante la sesión a Félix Bolaños por no haber censurado como ministro de Justicia las palabras de Nogueras cuando ha disparado contra los jueces españoles. Fuentes del Gobierno admiten haber sentido este jueves una "sensación agridulce" sobre cómo ha transcurrido el debate. 

A continuación, Patxi López ha celebrado el acuerdo entre socialistas y populares después de un "tortuoso camino de excusas" de cinco años y medio en el que el PP se ha negado constantemente a llegar a un pacto con el PSOE para renovar la cúpula del poder judicial español. Se ha quejado de que finalmente el PP haya cumplido la Constitución una vez la Comisión Europea ha hecho de mediadora entre los dos partidos. El portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados ha hecho un llamamiento a los populares a llegar a pactos que vayan más allá del CGPJ, y ha puesto como ejemplo el pacto de estado en violencia de género, en una semana negra repleta de feminicidios en España. Ha sentenciado su discurso haciendo referencia a Joan Manuel Serrat: "Hoy puede ser un gran día y mañana, si ustedes quieren, también".

Los detalles de la ley

¿Qué han pactado PSOE y PP, con respecto a la ley del Poder Judicial? A grandes rasgos, PSOE y PP han aprobado este jueves dar el primer paso para establecer que cualquier persona que en los últimos cinco años haya sido un alto cargo del Gobierno o autonómico, senador, europarlamentario o diputado en el Congreso no podrá ser escogido como vocal del Consejo General del Poder Judicial. También se decreta que los jueces que soliciten su reingreso al servicio activo después de haber ejercido un cargo político tendrán que esperar dos años sin ejercer funciones jurisdiccionales. Eso aplicará para los magistrados que se presenten como candidatos en elecciones al Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los parlamentos autonómicos o en las Corporaciones locales o los que sean nombrados para cargo político o de confianza.

 

La ley también incorpora la obligación de los vocales del CGPJ de haber comparecido con anterioridad en una comisión en la que se acredite el prestigio y la idoneidad del jurista. Por otra parte, los nombramientos que hace el Consejo General del Poder Judicial requerirán una mayoría de tres quintos. Eso incumbe a los presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, el presidente y los presidentes de sala de la Audiencia Nacional, los presidentes y presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los presidentes de las Audiencias Provinciales.

Por último, la ley insta a los nuevos miembros del CGPJ a elaborar, en el plazo de seis meses, un informe que examine los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados. Se tendrá que aprobar por una mayoría de tres a quintos de los vocales y tiene un requisito claro: "Que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados a los que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del estado de derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un CGPJ conforme con los mejores estándares europeos".

Posteriormente, la propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que "se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación". Hay divergencia de interpretación entre socialistas y populares respecto de este punto del acuerdo. El PP defiende que tendrán que ser escogidos por los jueces, mientras que el PSOE indica que eso no figura en ningún caso en el acuerdo firmado esta semana entre los dos partidos y que ahora se tendrá que negociar una vez reciban un informe por parte del CGPJ.