PSOE, PP y Vox han vetado la tramitación de una iniciativa de ERC que pretendía que la Cámara investigara el papel del emérito Juan Carlos I, y también del Gobierno de José María Aznar, a la financiación del 'Plan Colombia'. El plan fue un acuerdo entre el Gobierno norteamericano y el colombiano a finales de los años 90 para combatir el narcotráfico donde España actuaba como a intermediario entre EE.UU. y Colombia si surgían problemas. A cambio, los EE.UU. tenían que ayudar a España ha conseguir más peso internacional, como, por ejemplo, entrar dentro del G8. Pero el intríngulis del "Plan Colombia" y el supuesto vínculo de Juan Carlos I no podrá ser investigado porque la proposición no de ley ha sido inadmitida con los votos del PSOE, el PP y Vox. La mayoría parlamentaria ha rechazado la propuesta de ERC porque, según su opinión, el Congreso no es competente para controlar la Corona, pero los socios de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, sí que han dado apoyo a los republicanos.

Concretamente, el grupo republicano, encabezado por Gabriel Rufián, quería que el Congreso instara al Ejecutivo a entregarle, en un plazo máximo de tres meses, toda la documentación o cualquier "recurso informativo" sobre la implicación del rey emérito o del Gobierno de José María Aznar en el "Plan Colombia". Los republicanos reclamaban, especialmente, toda la información relacionada con la campaña iniciada tiempo atrás para dar apoyo a la financiación de este plan y que, después de estudiarla, el Congreso considerara la apertura de una investigación sobre este hecho.

El "Plan Colombia"

Según apunta ERC en la iniciativa rehusada, el 'Plan Colombia. Para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado' fue diseñado por el Gobierno estadounidense de Bill Clinton y del entonces presidente colombiano, Andrés Pastrana, a finales de los años 90 para combatir el narcotráfico. La estrategia desembocó en una intervención militar norteamericana en territorio colombiano y una inyección económica de 10.000 millones de dólares en el país por parte de los Estados Unidos y de otros países como España. Es en este contexto que ERC solicita investigar unas informaciones y conversaciones clasificadas que salieron a la luz en junio del 2021. En ellas, se revela que Juan Carlos I y el entonces ministro de Exteriores, Abel Matutes, mantuvieron una reunión con el entonces presidente estadounidense y miembros de su Gabinete, en el que el jefe de Estado reclamó que se tuviera España en más consideración en los foros internacionales y que se incluyera el país en el G8.

Según ERC, el rey Juan Carlos I se ofreció a hacer de mediador entre los Estados Unidos y América del Sur si surgían problemas. A cambio, Clinton ejercería como líder en la defensa de la estrategia de más peso internacional de España ante de la Unión Europea. En este sentido, Matutes informó de que España estaba presionando los países escandinavos, Francia y Alemania para que financiaran el "Plan Colombia". De hecho, en julio de 2000 se organizó en Madrid una Mesa de Donantes para el plan, pero organizaciones no gubernamentales colombianas y europeas posicionaron en contra por sus carencias democráticas y su impacto sobre la población campesina. Sin embargo, España, Japón y Noruega contribuyeron económicamente de forma individual, tal como hizo a las Naciones Unidas. Organismos financieros internacionales también hicieron público que otorgarían préstamos.

Actitud "camorrista" del gobierno de Aznar

Para sustentar las sospechas al "Plan Colombia", ERC ha puesto énfasis en un documento que manifiesta la actitud "pendenciera" del Gobierno de Aznar en aquella Mesa de Donantes. Según el escrito, de los 871 millones de financiación anunciados entonces por Pastrana, solo eran realmente financiación directa los 100 millones ofrecidos por el Ejecutivo español, ya que el resto eran créditos o no iban directamente al plan. Con todo, para los republicanos toda esta información plantea muchas dudas sobre el interés y la implicación de la Monarquía y el Gobierno de Aznar en el Plan Colombia que tendrían que ser "legítimamente" aclarados por el poder legislativo. A pesar del intento del partido de Gabriel Rufián, la petición solo ha encontrado el apoyo de Unidas Podemos, y la iniciativa no podrá debatirse en el Congreso después del veto impuesto por la Mesa de la Cámara.