La apisonadora del PSOE, el PP y la extrema derecha de Vox lo ha vuelto a hacer imposible. Ni siquiera se podrá debatir en el pleno del Congreso. Reunida este martes por la tarde, la Mesa de la cámara baja ha tumbado todas las peticiones de comisión de investigación que le han entrado. En primer lugar, sobre la actuación parcial del Tribunal de Cuentas en la causa contra los dirigentes independentistas por la acción exterior de la Generalitat. En segundo lugar, un clásico: comisiones de investigación sobre los tejemanejes del rey emérito Juan Carlos I, esta vez por la supuesta venta ilegal de armas del antiguo monarca. Unidas Podemos se ha vuelto a quedar sola votando la tramitación. Los detractores han contado con el aval de los letrados.
La semana pasada, ERC impulsó y registró una iniciativa con Junts, el PDeCAT, la CUP, EH Bildu, Más País y Compromis, que reclamaba investigar "la neutralidad política en el desarrollo de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte de este órgano". Algunas de las cuestiones que se querían formular tenían a ver con la política de contratación de personal del Tribunal de Cuentas, por qué algunos consejeros del órgano no se abstuvieron de la causa contra el independentismo o "los perjuicios causados en las arcas públicas por todas las operaciones irregulares que no han sido debidamente enjuiciadas".
En cambio, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados se posicionaron en contra de la tramitación de la comisión por parte de la Mesa. Los letrados del parlamento español argumentaban que "no corresponde a las Cortes Generales el control" de este máximo órgano fiscalizador del Estado.
Por otra parte, la Mesa ha examinado dos nuevas comisiones de investigación sobre el rey emérito, registradas por los mismos partidos y sin la participación de Unidas Podemos. Estas peticiones, ya reiteradas, se centraban en los tejemanejes de Juan Carlos I y en las informaciones que lo relacionan con la venta ilegal de armas, de la que se habría supuestamente lucrado. Según reveló el diario Público, el exmonarca habría hecho fortuna con dinero que obtenía de venta de armamento a países árabes, de la mano de su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y del traficante de armas Adnan Khashoggi.
En este caso, como en las anteriores ocasiones, los letrados se han remitido a los artículos 56 y 65 de la Constitución española. Son los que establecen que "la figura del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" y que también "distribuye libremente la cantidad global que recibe cada año de los Presupuestos Generales del Estado para sostener su familia y casa".