El Partido Socialista español ha cerrado filas con el Partido Popular y la formación ultraderechista de Vox para vetar investigar las cloacas del Estado español. El PSOE ha unido sus votos con los populares y lo extrema derecha para evitar que el Congreso de los Diputados abra una comisión para indagar sobre el deep state, una propuesta registrada por Unidas Podemos, ERC, Junts, CUP, PDeCAT, Bildu, En Comú Podem, BNG y Compromís. A raíz del estallido del CatalanGate las formaciones afectadas por el espionaje pidieron una investigación sobre el caso Pegasus que fue tumbada por los tres mismos partidos que ahora rehúsan investigar sobre las cloacas. La iniciativa pretendía que el Congreso investigara "la vinculación de varios estamentos oficiales del Estado y un entramado mediático, empresarial y parapolicial con recursos y armas reservadas a organismos estatales, al servicio de intereses ilegítimos al margen del interés general."

El portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez, ha justificado el movimiento de su partido y ha asegurado que "el objeto real para tratar estos temas es la Comisión de Gastos Reservados", constituida en la Cámara Baja hace pocas semanas después de hacerse público el espionaje masivo a varias personalidades del entorno independentista. Las formaciones que registraron esta última propuesta el 12 de mayo, han exigido que se constituya una comisión para aclarar si estas estructuras parapoliciales del Estado están detrás del CatalanGate y también para indagar en los interrogantes que se han destapado sobre este asunto, ya que las explicaciones del Gobierno han sido con cuentagotas. Hay que tener en cuenta, y así lo mencionan las formaciones que han firmado el texto que los socialistas han vetado, que la existencia de esta trama parapolicial al margen de la legislación, liderada por el excomisario José Manuel Villarejo, ya fue constatada por el Congreso en dos otras comisiones de investigación que sí que contaron con el apoyo del PSOE. Claro está que entonces los socialistas no tenían responsabilidades de gobierno.

En el escrito, que hoy ha quedado tumbado, los que piden la comisión recuerdan que en el 2018, con la moción de censura a Mariano Rajoy y la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, se esperaba que el nuevo ministro del Interior explicara lo que se sabía sobre la llamada policía patriótica. De esta manera, critican que hoy día no se ha informado la ciudadanía de cuáles han sido las consecuencias de las comisiones llevadas a cabo hasta ahora y que, incluso, altos cargos del Gobierno, como el mismo Pedro Sánchez, han negado la existencia de la policía patriótica. Con esta comisión, quieren que se lleguen a proponer medidas oportunas de prevención y control parlamentario de los servicios secretos españoles y del ministerio de Defensa con el fin de imposibilitar la creación en un futuro de tramas de espionaje irregulares o de cualquier estructura policial paralela al margen de la legislación vigente. Los solicitantes dan un máximo de tres meses a la comisión para culminar sus investigaciones y elevar los resultados al pleno del Congreso de los Diputados a fin de que se puedan debatir.