Al Gobierno todavía le escuece en la memoria la fecha del 30 de enero: Junts se plantaba y, como el PSOE no aceptaba las enmiendas de la formación independentista a la ley de amnistía, guardaba en el congelador la norma; en vez de aprobarla. La imagen fue demoledora para la Moncloa. Solo había que ver la cara de Pedro Sánchez abandonando el hemiciclo del Congreso de los Diputados, cabizbajo y con la americana desabrochada. Los socialistas quieren evitar volver a mostrar esta imagen, y presionan a Junts para llegar a un acuerdo definitivo antes del 7 de marzo, fecha límite impuesta por la Mesa de la cámara para que la Comisión de Justicia elabore un nuevo dictamen sobre la ley. Según indican fuentes del Gobierno, si no hay un pacto antes de esta fecha, el PSOE descarta llevar la amnistía a votación al Pleno del Congreso.
En la Moncloa están convencidos de que Junts tiene que llegar a un acuerdo con los socialistas y "tiene que votar que sí" a la ley que repara la represión judicial al independentismo. "Si no, se los comerán; ERC ya se está frotando las manos, porque no pueden ir a unas elecciones catalanas habiendo votado 'No' a la amnistía", aseguran fuentes del Consejo de Ministros, que apuntan que "no tiene sentido que se vote la ley si no hay un acuerdo". Al fin y al cabo, la dirección del PSOE confía en que Junts per Catalunya "flexibilice" sus actuales exigencias: modificar de la ley las excepciones a los delitos de terrorismo y de traición, con el fin de respirar tranquilos y atar de manos y pies a los jueces españoles en su persecución a Carles Puigdemont y también Marta Rovira.
Hay cierto nerviosismo en el Gobierno, porque asume que si la amnistía acaba fracasando por un motivo u otro, no habrá presupuestos. "Pondrán problemas", dicen en referencia a Junts per Catalunya. Tienen también claro que la formación independentista intentará dejar en el aire "hasta el último día y el último minuto" la negociación sobre la ley de amnistía. "Pero no nos movemos, nos hemos plantado", afirman otras fuentes del gobierno que preside Pedro Sánchez. Esperan, con optimismo, que será Junts quien finalmente cederá y se aproximará al redactado del PSOE.
Retoques de "materia técnica"
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ya avisó este martes en una entrevista en la SER que cualquier modificación a la norma será de "materia técnica", en tanto que el texto entró "constitucional" en la cámara baja y así es como tendrá que salir. Significó, sin embargo, la apertura de una rendija que no se había abierto en los últimos meses. Al día siguiente, por ejemplo, Pedro Sánchez se mostraba más hermético.
Insistía el presidente del Gobierno en que la norma tiene que pasar los filtros del Tribunal Constitucional y de la justicia europea. Es decir, hacía una defensa del redactado actual de la ley de amnistía, con los acuerdos de mínimos a los que llegaron a finales de enero PSOE, Junts y ERC: unas pinceladas que aplicaban una capa de blindaje extra a Tsunami Democràtic y CDR. Es decir, un juez tendría que probar ahora que Carles Puigdemont, con intención directa y de forma grave, atentó durante el procés contra la vida de personas.
Sea como sea, las únicas propuestas que se han puesto ahora mismo sobre la mesa son la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y un nuevo redactado del delito de terrorismo en el Código Penal. El mismo Pedro Sánchez descartó esta segunda posibilidad. Pero fue él mismo quien propuso reformar la 'LeCrim'. El objetivo sería acortar los tiempos de instrucción de los jueces. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Manuel García-Castellón hace ya cuatro años que instruye el caso Tsunami Democràtic. Y es ahora, cuando se está tramitando la ley de amnistía, que busca las cosquillas a sus negociadores acusando a Carles Puigdemont de un delito de terrorismo que incluso el Gobierno niega que haya cometido nunca.
Tapar los agujeros de la amnistía con indultos
Mientras tanto, Esquerra Republicana se afana por convencer a Junts de que vote la norma tal como está, y señala que los agujeros que pueda tener esta ley de amnistía se pueden tapar con la concesión de más indultos a independentistas por parte del Gobierno. Lo decía hace un par de semanas el viceconseller de Comunicación y Estrategia del Govern, Sergi Sabrià, y el jueves de la semana pasada el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Es más: también lo ha dicho Óscar Puente. El ministro de Transportes pedía "ahorrar trabajo a la justicia" con la ley de amnistía y evitar así que muchos procesos "acaben en un indulto".