Hay voluntad por parte de Junts per Catalunya y del PSOE de llegar a un acuerdo definitivo con la ley de amnistía. Los independentistas quieren que exista una norma que repare la persecución judicial a un movimiento político, y el Gobierno no puede permitirse más desgaste. El caso Koldo resquebraja los cimientos sobre los que se sostiene Pedro Sánchez, cosa que provoca que a los socialistas les interese sacarse de encima la losa de la amnistía de una vez por todas y encajar las manos de forma definitiva con Junts. Fuentes conocedoras de la negociación admiten que la única brizna de esperanza que genera el caso Koldo es que permite mantener silenciadas las negociaciones entre las dos formaciones, y aleja la amnistía del foco mediático, cosa que hace facilita un entendimiento.
Junts y PSOE tienen hasta el 7 de marzo para convocar la Comisión de Justicia, a fin de que elabore un nuevo dictamen sobre la norma. Esta semana, sin embargo, ha habido por los pasillos del Congreso debates sobre la elasticidad del reglamento de la cámara. Y son diversas las fuentes que sí que reconocen que las normas en esta cámara son líquidas y que socialistas y juntaires sí que podrían prorrogar todavía más este plazo si lo necesitan. Se expresan así miembros de la rama progresista de la Mesa, así como incluso el entorno de la misma presidenta, Francina Armengol; y lo llegan a reconocer fuentes del PP, por muy interesados que estén en poner palos en las ruedas del PSOE. Ahora bien, la intención de los negociadores de la amnistía es llegar a un acuerdo lo antes posible, sin necesidad de prórrogas.
Incluso María Jesús Montero reconocía este jueves en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados que pretenden cerrar un acuerdo antes del 7 de marzo. Pero insistía en la "discreción" necesaria para alcanzar un acuerdo con Junts; un secretismo que ha podido ser mayor gracias, precisamente, a una de las crisis más grandes a la que se ha tenido que enfrentar Pedro Sánchez: la responsabilidad política de Ábalos, antigua mano derecha del presidente, en un presunto caso de corrupción durante la pandemia. Mientras tanto, fuentes del Gobierno muestran satisfacción con el avance de las negociaciones sobre la amnistía.
¿Cuál es la situación a estas alturas? Junts ha exigido hasta ahora que el PSOE acepte modificaciones a la ley para incluir dentro de la amnistía cualquier delito de terrorismo y de traición. Hasta ahora, los socialistas mantienen su negativa a las dos exigencias (la excusa es que tiene que pasar los filtros del Tribunal Constitucional y la justicia europea), a pesar de haberse abierto a más enmiendas "técnicas". ¿Eso puede laminar —que no suprimir— de la amnistía estos dos delitos? Hasta ahora, el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado la propuesta de modificar la definición del delito de terrorismo en el Código Penal, una solución que Jaume Asens había llegado a poner sobre la mesa.
Los presupuestos, la otra losa para Sánchez
La propuesta que sí que hizo el líder socialista era reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de acortar el tiempo que los jueces pueden tener para instruir causas. Recordémoslo: hace cuatro años que Manuel García-Castellón investiga el caso de Tsunami Democràtic; y ha sido ahora, cuando se aprueba la ley de amnistía, que ha decidido prorrogar todavía más la instrucción y perseguir a Carles Puigdemont y Marta Rovira con el delito de terrorismo. El Tribunal Supremo, además, ha aumentado la presión este jueves y ha decidido abrir una investigación por delito de terrorismo al presidente de la Generalitat en el exilio.
No es que a Junts le parezca mal reformar la LeCrim, sencillamente no le convence, porque es una propuesta de Sánchez que se aleja de las exigencias sobre terrorismo y de traición. Sea como sea, el Gobierno es consciente de que aprobar la amnistía es prácticamente cuestión de vida o muerte política de Sánchez. Porque, más allá del caso Koldo, tienen asumido que un desacuerdo en esta ley implicará la imposibilidad de aprobar los presupuestos. La Moncloa necesita aprobar la amnistía, cerrar un acuerdo de presupuestos con los socios de investidura y empezar el camino de una legislatura en el que tendrán que cruzar dedos para que el caso Koldo no salpique a Pedro Sánchez.