¿Es la corona española una "institución del Estado"? La respuesta parece obvia. El PSOE, sin embargo, hace ver que no. El Gobierno ha presentado este miércoles su plan de acción democrática (el plan 'anti-fango' en la terminología de Pedro Sánchez) y ha dejado en el aire el alcance de uno de sus puntos más importantes: la reforma del delito de injurias. El Consejo de Ministros ha aprobado un documento que propone una "reforma integral" de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho a la libertad de expresión y la creación artística "cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público". En rueda de prensa y en respuesta a las preguntas de los periodistas, la Moncloa no ha querido reconocer que dentro de este precepto tienen que ir incluidas las injurias a la Corona.

Con las cámaras apagadas, y en conversaciones informales, la fotografía varía un poco: los ministros del PSOE siguen haciéndose el sueco, mientras que la rama de Sumar del Gobierno considera que, sin ningún tipo de duda, la monarquía española es una "institución del Estado". El entorno del ministro Ernest Urtasun asegura, de todos modos, que en las reuniones entre los dos partidos que conforman el ejecutivo de Pedro Sánchez, los socialistas sí que admiten que se tiene que reformar el delito de injurias a la corona. Si es así, el PSOE no se atreve todavía a dejarlo por escrito. Lo único que admiten tímidamente fuentes de la alta jerarquía socialista del Gobierno es que tienen delante suyo meses en los que podrán negociar con el resto de grupos; con opción a ceder en algunos aspectos.

Desde Sumar, defienden que existen sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que se señalan los problemas que tiene España en materia de libertad de expresión. En alguna de estas sentencias, se menciona de forma directa el delito de injurias a la corona. Pero hay esperanza en que finalmente las injurias a la corona dejen de ser un delito en España si se tienen en cuenta las declaraciones de este martes del ministro Félix Bolaños: hay voluntad en el PSOE de adecuar el Código Penal español "al derecho de la Unión Europea".

El caso es que el máximo responsable de la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha evitado en varios momentos explicar qué pasará con las injurias a la corona. Repreguntado, entonces, por su opinión al respecto, ha driblado a los periodistas señalando que las ideas de un ministro no son tan importantes. "Lo que será realmente importante será el proyecto de ley que salga aprobado por el Consejo de Ministros cuando así lo hagamos, y después contar con los apoyos parlamentarios suficientes para modificar el Código Penal en este caso", ha señalado.

Corona e instituciones del Estado, separados en el Código Penal

Por otro lado, ahora mismo el Código Penal distingue entre instituciones del Estado y Corona. Aparecen en apartados diferentes. El título XXI habla de los delitos contra la Constitución; y en el segundo capítulo se habla de los delitos a la Corona. Los puntos 490.3 y 491 hablan sobre las injurias y calumnias; mientras que el tercer capítulo habla de las instituciones del Estado y la división de poderes (dentro de este bloque aparecen las Cortes Generales, las sedes del Congreso y el Senado, los parlamentos de las autonomías, el poder judicial, el Tribunal Supremo o el Constitucional, entre otros).

 

El plan 'anti-fango' de Pedro Sánchez

En el plan de acción democrática presentado este martes, el Gobierno propone modificar la ley de secretos oficiales de 1968, así como limitar la publicidad institucional que puede aparecer en los medios de comunicación. También quiere obligar a los candidatos a unos comicios participar en debates durante la campaña electoral. Puedes hacer click aquí para repasar las principales medidas de este plan.

Escepticismo de los socios y oposición del PP

Las primeras líneas maestras de este plan de acción democrática las expuso Pedro Sánchez en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio. No solo encendió a Alberto Núñez Feijóo, quien acusó al presidente del Gobierno de preparar "el mayor ataque a la libertad de información de la democracia". Sus socios habituales consideraron que era insuficiente. Mostraron escepticismo Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, PNV, BNG y Podemos. Sánchez recibió incluso críticas por parte de Sumar, el socio de gobierno del PSOE.

Ahora los socialistas necesitarán conformar una mayoría en la cámara baja que permita sacar adelante estas propuestas, a pesar de la oposición del PP y el escepticismo de los socios. De momento, fuentes de Junts per Catalunya apuntan que el PSOE tendrá que negociar con los grupos después de haber presentado un plan "flojo" que, según explican los independentistas, no han enseñado previamente al resto de formaciones parlamentarias.

El origen del plan contra la 'máquina del fango' se encuentra en la apertura de una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Después de haber amenazado con dimitir como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció que continuaría al frente del ejecutivo, e informó de que presentaría este plan que bautizó entonces como 'regeneración democrática'.