El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para combatir el lawfare y las acciones judiciales abusivas. Después de años de guerra judicial contra el independentismo, los socialistas registran el texto ahora que sobre Pedro Sánchez cae una tormenta judicial por los casos de su esposa, su hermano, el caso Koldo-Ábalos y el caso del fiscal general del Estado. Resumidamente, el PSOE propone que las acusaciones populares dejen de formar parte de los procesos de instrucción, que los partidos políticos no puedan ser acusación popular, que no se puedan abrir causas judiciales a partir de recortes de prensa, que se suprima del Código Penal las ofensas a los sentimientos religiosos y que se aparte a los jueces que hagan declaraciones a favor o en contra de partidos políticos.
El portavoz del grupo parlamentario del PSOE en la cámara baja, Patxi López, ha defendido que era "urgente" impulsar un texto legislativo de este tipo con el fin de "frenar el acoso de grupos políticos de este país contra sus adversarios y artistas". En una rueda de prensa, el también exlehendakari ha sido preguntado sobre la doble vara de medir de los socialistas: ya hace años que Vox fue la acusación popular en el juicio contra los líderes del Procés que habían organizado el referéndum del 1-O. En opinión de López, "lo importante no es cuándo empezó, sino cómo se aborda" este problema. Ha destacado, también, que el lawfare impulsado por los ultras también es un problema que tiene lugar en otros países. Por último, ha reconocido que, a causa de las actuales fechas, el PSOE solo ha podido intercambiar algún mensaje" con el resto de grupos parlamentarios sobre esta iniciativa.
Reforma de la acusación popular
Concretamente, el PSOE propone que la participación de la acusación popular en una causa judicial quede adscrita solo a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. "La instrucción es una fase que tiene que ser protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados por el delito", destacan los socialistas. Se exige también que para personarse como acusación popular exista un vínculo "concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente". El juez, según el PSOE, tendrá que comprobar si este vínculo existe y denegará la personación si no es así. Por último, se prohíbe a los partidos políticos, asociaciones o fundaciones vinculados a ellos ejercer de acusación popular. Por otra parte, el partido de Pedro Sánchez pide obedecer la doctrina del Tribunal Supremo e imposibilitar por ley que se puedan abrir procesos penales "con meros recortes de prensa sin el mínimo indicio de irregularidades".
Supresión de las ofensas religiosas
El PSOE también aboga por suprimir del Código Penal el delito conocido como ofensas a los sentimientos religiosos, un delito sobre el que, según defienden los socialistas, "no se detecta casi ninguna condena, pero se utiliza por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos en el ámbito económico y personal.
Abstención y recusación de jueces
Por último, el PSOE pide "asegurar la neutralidad y el derecho a un juez imparcial". Es por eso que proponen que cuando un juez haya hecho públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas, este magistrado no pueda participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte. "Todos estos mecanismos de acoso tienen como denominador común la judicialización de la política; y la judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la justicia", sentencian los socialistas.
El PP acusa al PSOE de "laminar" al poder judicial
El PP, paralelamente, considera que la ley impulsada por el PSOE confirma su "desesperación" ante los "casos de corrupción que le acorralan". A su entender, evidencia su "voluntad de perseguir" a quienes denuncian, investigan o informan de la corrupción que puede haber en las filas socialistas.
"Esta medida es un paso más en su estrategia de laminar al Poder Judicial, consumando su intención de quitar la instrucción a los jueces para dejarla en manos de la Fiscalía, y sembrando el descrédito sobre todo el Poder Judicial a ojos de la ciudadanía", ha señalado el PP este viernes en un comunicado.