El PSOE ha registrado la ley de amnistía este lunes, pocos minutos antes de las seis de la tarde en el Congreso de los Diputados, según consta en la intranet del Registro de la cámara baja. Aunque querían que la norma tuviera la firma de todos los grupos que dan apoyo a la investidura de Pedro Sánchez (Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG), los socialistas han ido a la suya ante la falta de acuerdo con el resto de formaciones. Se trata de una ley, avanzada por ElNacional.cat, que asegura que mejorará la "convivencia" en Catalunya y que prevé perdonar a una setentena de policías españoles encausados por el Procés, además de centenares de independentistas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dará los detalles a partir de las 7 de la tarde. Se trata del mismo texto acordado por PSOE y Junts y remitido al resto de grupos esta pasada madrugada.

 

 

 

Fuentes de Esquerra Republicana argumentan no haber firmado la proposición de ley porque se preocupan por la "máxima seguridad jurídica" del texto. "Queda algún detalle desde el punto de vista técnico-jurídico" pendiente de afinar en las próximas horas o días, señalan estas mismas fuentes, que insisten que la ausencia de la firma de los republicanos en el documento no es grave. Así mismo, fuentes del PNV explican que el partido ha revisado la ley de amnistía y que "en líneas generales está de acuerdo con el texto que se le ha hecho llegar". No ha firmado la Proposición de Ley porque "las partes negociadoras no lo han requerido".

La ley ha entrado en el Congreso antes de que se cerrara el registro presencial, aunque se había especulado que se haría a lo largo de todo el día. De hecho, a media mañana, ElNacional.cat ha avanzado el texto de la norma del olvido judicial, todavía sin la firma de ningún grupo. Durante toda la jornada, los grupos que lo tenían que firmar, se lo han estado revisando y ERC ha explicado que tan solo faltaban "algunos flecos" para pulirla, aunque han expresado que no había dudas en respecto al acuerdo.

Los plazos de esta ley de amnistía

Hoy por hoy, todo indica que la Mesa del Congreso de los Diputados no calificará esta ley hasta el martes de la próxima semana. El reglamento de la cámara señala que la Mesa —que se reúne los martes— puede calificar todas aquellas proposiciones que se han presentado hasta el viernes anterior. Como la norma se ha registrado un lunes, no pasaría por este órgano hasta la semana que viene. "Hará su curso normal", ha asegurado esta mañana la presidenta de la cámara, Francina Armengol. Habrá que ver, también, si el órgano decide tramitarla por urgencia o no.

Así, una vez registrada, la Mesa del Congreso, controlada por las fuerzas de izquierdas, dará luz verde a la iniciativa en la reunión del órgano prevista para la semana que viene, con el objetivo de que debata en el pleno la toma en consideración y, si es el caso, si se tramita por la vía de urgencia, que evitaría tener que pedir preceptivamente un informe a los órganos consultivos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial. Si sigue avanzando, la ley pasaría a manos de la comisión correspondiente para que los grupos parlamentarios incluyeran enmiendas.

El pleno tendría que volver a votar el texto con los cambios introducidos y se iría al Senado, donde el PP intentará dilatar la aprobación. Por eso, en la cámara alta, los conservadores están maniobrando para retrasar al máximo la aprobación y han impulsado una reforma del reglamento para tener la potestad de decidir o no si una proposición de ley se tramita por la vía urgente o no. Eso haría que el Senado la pudiera retener durante dos meses y no 20 días, tal como establece la Constitución.

La proposición de ley

En la exposición de motivos de esta ley se señala que en el Estado tiene que haber división de poderes, pero insiste en que la norma se aprobará por el parlamento español, donde está la soberanía del pueblo. Para defender su constitucionalidad, además, insiste en que la amnistía ha sido utilizada en "numerosas ocasiones" en la "tradición jurídica" del Estado. "La más importante, pero no la única, es la del año 1977", añade el texto. Recuerda que también aparece en textos constitucionales de otros países europeos, como Portugal o Francia.

La ley incluye a los líderes del Procés, colaboradores y actos de protesta

El texto, que ha adelantado este diario en exclusiva, contempla la medida de gracia para el president Carles Puigdemont y el resto de líderes del Procés, encausados por los actos vinculados a la organización y celebración de la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O, así como los actos que sirvieron para prepararlas, las acciones de protesta para defenderlos o para oponerse al proceso y condena de sus responsables, y "la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables".

La amnistía se aplicará a hechos que tuvieron lugar entre el 1 de enero de 2012, en los que se sitúa el inicio del Procés, hasta el 13 de noviembre de 2023, día en que se ha registrado formalmente en el Congreso de los Diputados. No hay ninguna referencia al 'lawfare' y se hace mención de las directivas europeas que excluyen de una amnistía los actos de terrorismo, el delito por el que la Audiencia Nacional persigue a Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros por el caso del Tsunami Democràtic. Ahora bien, matiza que para que se consideren de esta manera, conviene que alcancen un "nivel mínimo de gravedad" con lesiones corporales o sufrimiento.