Vuelve la alianza entre el PSOE y el PP contra el independentismo. Socialistas y populares han hecho pinza esta mañana en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para reprobar a los responsables políticos de las delegaciones de la Generalitat de Catalunya en el exterior durante el procés. El PP y Vox tienen mayoría absoluta porque la composición es una ponderación de la aritmética del Congreso y del Senado, e incluso así el PSOE ha votado a favor de las iniciativas de los populares. Al final, 34 votos a favor y dos abstenciones, dado que ni ERC ni Junts estaban presentes en la comisión. El texto que registró el PP, y que el PSOE ha avalado, constata que las delegaciones dedicaron numerosas acciones y recursos públicos a impulsar el procés y conseguir apoyos de “forma desleal con el Estado” y reprueba a sus máximos responsables políticos por las “irregularidades” detectadas por el Tribunal de Cuentas.
Además, uno de los textos que ha recibido luz verde insta al nuevo Govern de la Generalitat, ahora en manos del PSC con Jaume Duch como conseller de Unión Europea y Acción Exterior, a ejercer sus políticas de acción exterior bajo el principio de “lealtad institucional mutua” en coordinación con el Estado. Asimismo, reclama que las delegaciones catalanas en el extranjero elaboren informes de gestión de sus actividades detallando los gastos, así como “exigir el control de la actividad económica financiera” y “mecanismos de control interno”.
El PSOE pedía fomentar la “coordinación” de los delegados catalanes bajo la “dirección” del Gobierno
Por otro lado, la Comisión Mixta también ha dado luz verde a las dos propuestas de resoluciones del PSOE, a las que ha tenido acceso ElNacional.cat, por 14 votos a favor y 20 abstenciones (las del PP y Vox). Los socialistas apostaban por instar al Govern de la Generalitat a seguir la mayoría de las recomendaciones que hacía el Tribunal de Cuentas en su informe. Entre ellas, pedía establecer “reuniones periódicas” de los delegados catalanes con los órganos de representación exterior de España a fin de “permitir el control de la actividad desarrollada y su coordinación bajo la dirección del Gobierno”. Además, reclamaba establecer en las delegaciones un “riguroso sistema de control interno” para “impedir la realización de gastos sin ajustarse a la legalidad vigente y al cumplimiento de las finalidades de proyección en el exterior de Catalunya” y “modificar el régimen de autonomía financiera” a la vista de la “utilización de las delegaciones para la realización de gastos que no guardan relación con sus competencias” y de la “falta de control efectivo de los gastos”.
Asimismo, pedía que el Govern regulara el régimen jurídico de las delegaciones “determinando con precisión sus objetivos y fines dentro del ordenamiento jurídico general y de la debida lealtad a las restantes instituciones del Estado” y facilitara su “integración en el seno de la acción exterior de España evitando ambigüedades, reiteraciones y contradicciones que dificultan su gestión y control”. En esta línea, el Tribunal de Cuentas recomendaba (y el PSOE lo suscribe) que “se haga partícipe” a la Secretaría de Estado de la España Global del desarrollo de la Marca Catalunya. El objetivo de España Global es “promover conjuntamente una imagen potente de España en el exterior como factor estratégico de competitividad y prosperidad para la sociedad española”.
Junts y ERC reprobaron la “persecución política” del Tribunal de Cuentas por un informe “sectario” sobre el Diplocat
Las propuestas de resolución en cuestión se han presentado al Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Generalitat de Catalunya entre los ejercicios 2011 y 2017. El documento lo presentó la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, el pasado mes de mayo, en una sesión en la que el independentismo criticó duramente las conclusiones del órgano fiscalizador. “Es evidente que lo que se lleva a cabo es una persecución política”, censuró Josep Maria Cruset, diputado de Junts, que añadió que “contra Catalunya todo vale, incluso instrumentalizar políticamente” el Tribunal de Cuentas, utilizado “como si fuera un Tribunal de la Santa Inquisición”. El senador de ERC, Joan Queralt, se sumó a las críticas y cuestionó el “contenido sectario y tendencioso” de un informe que “desacredita” al Tribunal de Cuentas y evidencia su “sesgo”. No en vano, la secretaria general del Diplocat, Laura Foraster, reconocía hace dos años que eran “conscientes de que se observa mucho” lo que hacen.