El PSOE y Sumar han logrado un acuerdo con el objetivo de que la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a medio millón de migrantes, respaldada por 700.000 firmas, se apruebe en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas. La norma superó su primer examen parlamentario en abril, pero había quedado aparcada y ahora los dos partidos han pactado una enmienda para que el procedimiento de regularización que tendrá que abrir el Gobierno incluya no solo a aquellas personas que se encontrasen en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021, sino “hasta antes del 31 de diciembre de 2023”. Así pues, se amplía dos años el alcance de la futura regularización. Esta tarde, representantes de Sumar, ERC, Bildu y el BNG se han fotografiado frente a la fachada del Congreso con los miembros del colectivo Regularización Ya, impulsor de la iniciativa, para celebrar este avance.
Hoy, después de la fumata blanca de PSOE y Sumar, la Mesa ha puesto fin a las sucesivas prórrogas del trámite de enmiendas, que se cerrará mañana a las seis de la tarde, cosa que dará pie a que la iniciativa se pueda debatir en ponencia y en comisión. Posteriormente, tendrá que ser aprobada por el pleno, donde será clave e imprescindible el apoyo del PP o de Junts, dos formaciones que apoyaron su toma en consideración. Según ha relatado el portavoz del PSOE, Patxi López, en rueda de prensa, el artículo único de la proposición de ley pasará a establecer que el Gobierno, mediante un real decreto en el plazo de seis meses, establecerá un procedimiento que “permita que las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España” antes del 31 de diciembre de 2023 “puedan acceder a una autorización de residencia y/o trabajo por motivos laborales, socio-formativos, familiares y/o humanitarios”. Este último inciso acotando las condiciones de la regularización se ha añadido respecto al redactado original.
Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha celebrado una “magnífica noticia” y un “logro parlamentario decisivo” que permitirá regularizar a más de medio millón de trabajadores que “viven en España en situación de clandestinidad y sin derechos de ciudadanía” y trabajan “sometidos a la hiperexplotación y a situaciones de marginalidad y abuso”. Desde Sumar, confían que la ILP se apruebe “lo más rápido posible” y, después de que el CIS situara la inmigración como principal problema para los españoles, apuesta por responder “dando un paso adelante”. “No rehuimos el debate, lo damos de frente, de cara y a la ofensiva, no nos escondemos y decimos que la seguridad, la integración y la convivencia se derivan del igual disfrute de los derechos”, ha proclamado. “Frente al racismo, hay que reforzar derechos para reforzar la capacidad de los españoles de defender sus condiciones de vida dignas”, ha concluido. En la misma línea, la líder de los Comunes en Madrid, Aina Vidal, ha destacado que han logrado vencer las “resistencias” para continuar con los trámites de la ILP. “Nos vamos a dejar la piel, evidentemente, para que esta iniciativa avance y que lo haga de forma lo más razonablemente rápida posible”, ha añadido.
El voto de Junts será decisivo para que la ILP reciba luz verde
El acuerdo entre el PSOE y Sumar era condición necesaria, pero no suficiente para que la ILP llegue al BOE. Para que sea aprobada, faltan todavía los votos de Junts o del PP, que en su momento apoyaron la toma en consideración de la iniciativa. “¿De qué sirve que PSOE y Sumar hagan hoy otro anuncio si, por ejemplo, cuando esta ley llegue a la comisión que la tiene que tramitar, Junts vota en contra?”, se ha preguntado en rueda de prensa Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos. “La regularización va a ser posible no solamente si se ponen de acuerdo dos partidos, sino si está de acuerdo la mayoría de la cámara, en este caso la mayoría de la investidura”, ha recordado. Los morados piden “menos anuncios y más trabajo” para alcanzar una mayoría que permita que se lleve a cabo esta regularización y sea una realidad “cuanto antes”.
Durante el primer debate de la ILP, hace unos meses, Josep Maria Cervera, diputado de Junts, confirmó su voto favorable a la toma en consideración de la iniciativa “por respeto a las 900 entidades que la han promovido y a las 600.000 personas que la han avalado con su firma”, pero puntualizó que su posición es “sin entrar en el fondo” del asunto. “Lo haremos porque hablamos de personas y derechos humanos, porque hay que buscar vías de solución a la actual situación, porque durante los próximos pasos podremos hacer las aportaciones que consideramos y porque somos los que más nos hemos cansado de reclamar que en los parlamentos se tiene que poder hablar de todo”, argumentó. Y ahora su voto todavía está en el aire.
ERC reclamó que la ILP tuviera el “sí rotundo y unánime” del hemiciclo
Por parte de ERC, Jordi Salvador defendió que esta ILP “tendría que tener un sí rotundo y unánime” del hemiciclo por “razones democráticas” y denunció que la situación irregular es una “forma moderna de esclavitud” y expone a muchas personas a “la explotación laboral, a la vulneración de derechos básicos y a malvivir en infraviviendas”. “Si somos coherentes con los derechos humanos que decimos defender, no podemos permitir que miles de personas vivan en las más graves condiciones de precariedad y vulnerabilidad a causa de su situación administrativa irregular”, remachó.