Los crímenes del franquismo se tienen que investigar a miles de kilómetros, en Argentina. Y cualquier intento por hacerlo en el Estado español acaba naufragando, por la ley de amnistía, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo o por falta de voluntad política. Es lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados, que ha tumbado una reforma del Código Penal, planteada entre otros por los independentistas, que permitía investigar los delitos cometidos durante la guerra civil y la dictadura. Hoy se debatía la toma en consideración y no ha recibido los apoyos necesarios. Si será tumbada es por el PSOE, clave a la hora de decantar la balanza, que se ha posicionado al lado del PP, la extrema derecha de Vox y Ciudadanos. En cambio, Unidas Podemos sí se ha sumado.

Se trata de una proposición de ley impulsada por entidades memorialistas y firmada por ocho partidos: ERC, Junts, la CUP, el PNV, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromis. Y planteaba incorporar al Código Penal una "disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que las víctimas de la dictadura y sus familiares tengan reconocido, de forma eficaz, su derecho a la justicia de acuerdo con los estándares exigidos por el derecho internacional de los derechos humanos." Por lo tanto, proponía que no se impidiera el juicio ni la condena de actos u omisiones que pudieran constituir "los delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".

El PSOE la ha tumbado apelando, como es habitual, a la "legalidad penal", la "irretroactividad" y la "seguridad jurídica". El diputado socialista Indalecio Gutiérrez ha dejado claro el "compromiso" de su partido "con las víctimas del franquismo", que nadie puede poner en duda, y ha recordado la ley de memoria histórica de Zapatero y la de memoria democrática que se está tramitando ahora. "Al PSOE ninguna lección, nadie tiene más muertos en fosas y cunetas que el PSOE y UGT," ha reivindicado el parlamentario. Dicho esto, ha argumentado que "esta proposición de ley pretende establecer una excepción al principio de retroactividad de las leyes penales", hecho que no pueden aceptar.

En la defensa de la iniciativa, a cargo de la CUP, el diputado Albert Botran ha reivindicado que la memoria histórica "no es una venganza" sino "un derecho a la identidad de las personas a ver reconocida la legitimidad de una trayectoria de lucha". Ha señalado la "paradoja" que se quiera perseguir los delitos en Ucrania pero no se haya celebrado "un solo juicio" en España. Por parte de ERC, la diputada Carolina Telechea ha denunciado que la ley de memoria democrática de Sánchez "es un maquillaje que hace ver que todo cambia para dejarlo igual". Y Josep Pagès, de Junts, ha rebatido que "la argucia legalista para encubrir los crímenes franquistas hace enrojecer a cualquier demócrata".

Este debate llega mientras la ley de memoria democrática se encuentra en plena tramitación y que los socios del gobierno español, como ERC, ven insuficiente. Entre otras cosas, la nueva norma crea una fiscalía de sala encargada de investigar violaciones de derechos humanos. Pero esta figura tendrá un tope claro a la hora de juzgar: la ley de amnistía.