El Partido Popular multiplica las herramientas para dirigir la responsabilidad de la ley que beneficia a presos de ETA hacia el Gobierno. El lunes se supo que una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados permitirá a los presos contabilizar las penas que hayan cumplido en otros países de la Unión Europea y restar los años que hayan estado en la prisión, por ejemplo, en Francia. Eso abrirá la puerta a que algunos presos de ETA sean excarcelados antes de lo que estaba previsto. Desde que trascendió, el mensaje del PP ha sido doble: asumir plenamente el error, ya que los populares votaron a favor en todos los trámites en la cámara baja, y apuntar directamente hacia el PSOE, a quien acusan de tener la responsabilidad última de que la norma saque adelante. “Esto pasa porque el Gobierno quiere que pase, nuestro voto no excarcela a nadie”, sostienen fuentes de Génova. Y después de cuatro días de fuego cruzado a ambos lados, hoy el PP y Vox han querido llevar el tema a votación en el Congreso. Y se han quedado solos, al lado de UPN. El resto de la cámara (el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV, Podemos y el BNG) ha votado en contra de retirar la ley.
Ha sido a través de una enmienda transaccional a una moción sobre los “principios democráticos que inspiran la acción del Gobierno” que se debatió ayer y que se votaba hoy. Como cuando se presentó el texto original de la iniciativa, que es simbólica y no tiene carácter vinculante, todavía no se conocía las consecuencias de la ley que beneficiará a los presos de ETA, el redactado inicial no incluía ninguna referencia. Ahora bien, a última hora, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal han querido forzar al PSOE y a sus socios de investidura a pronunciarse en forma de votación y han registrado una enmienda transaccional que lo introducía. La exigencia era clara: retirar la ley con la finalidad de que “después de un estudio riguroso de todos los efectos que habría producido el texto actual en caso de entrar en vigor, se elabore un nuevo proyecto de ley que en ningún caso contenga normas de que se puedan beneficiar personas condenadas por delitos de terrorismo”. El Congreso le ha cerrado la puerta.
El PP apela al artículo 127 del Reglamento del Senado, que estipula que “los proyectos de ley presentados por el Gobierno pueden ser retirados por este en todas las fases del procedimiento anteriores a su aprobación definitiva por la cámara”. Pero la Moncloa se ha negado a ello desde el primer momento. La ley se tenía que aprobar definitivamente en el Senado el pasado martes, pero el PP consiguió modificar el orden del día gracias a su mayoría absoluta (con la negativa del PSOE) para posponer la votación, que será el próximo lunes, 14 de octubre. Además, los populares, que no presentaron enmiendas a la cámara alta, intentaron modificar el redactado para eliminar el artículo en cuestión, pero, como era fuera de plazo, es un trámite que requería unanimidad y el PSOE y los socios de investidura se opusieron. De hecho, el martes, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, habló por teléfono con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y descartó retirar la iniciativa. Fuentes de su ministerio señalaron que era “difícil de explicar” el “súbito e inesperado cambio de opinión” del PP y arguyeron que era “imposible” que el PP no conociera las enmiendas.
“Pertenecer a Europa comporta obligaciones”
La negativa del PSOE a retirar la ley no es nueva. Ayer mismo, Pedro Sánchez defendió que “pertenecer en Europa comporta obligaciones”, como “homogeneizar el marco regulador de los 27 estados miembros”. El presidente del Gobierno criticó que Alberto Núñez Feijóo hubiera recorrido a “algunos de sus clásicos” y a los “odios del pasado” para desgastar al PSOE. “No hay una rebaja de condenas, porque lo que se ha hecho es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en el extranjero”, expresó el líder socialista, que insistió que la reforma española es una “transposición obligatoria” del derecho comunitario.
Por su parte, Fernando Grande-Marlaska justificó la ley aduciendo que, desde Europa, “no miraban bien” a España y que los tribunales españoles “volvían a poner en duda” que no se tuviera en cuenta el tiempo en la prisión en otros países de la UE. “Europa nos decía «Cuidado, porque para que os reconozcamos otras resoluciones tenéis que cumplir correctamente la norma»”, expresó el ministro.