La reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', formalizó una serie de avances en una reunión este jueves por la tarde. Entre las medidas se incluye la de minimizar el riesgo de que las protestas en la calle acaben en disturbios. Entre ellas, está que los policías, que participen en el operativo de la concentración, tengan la obligación de avisar a los asistentes del uso de material antidisturbios para disolver la concentración. También "se ha apuntalado la regulación del derecho de manifestación para que pueda ser ejercido libremente con protección por parte de las Fuerzas de Seguridad, con una normativa más clara con respecto al momento en que es procedente realizar una manifestación y que este no sea sancionable si por hechos desconocidos urgentes no puede trasladarse la comunicación". La propuesta forma parte de una negociación entre PSOE y Unidas Podemos con ERC, Junts, PNV y EH Bildu.
De momento, en la reunión de este jueves, la ponencia incorporó al texto la reducción de las horquillas de las multas o la eliminación de la posibilidad de sanción cuando no se notifique una manifestación si es por un hecho imprevisto. Además, también contempla la reducción de las cuantías mínimas de las sanciones. Para las infracciones leves la multa mínima seguirá siendo de 100 euros, pero la máxima pasará de 600 a 500; por otra parte, las graves podrán oscilar entre 501 y 25.000 (en lugar de los 30.000 vigentes) y las muy graves irán de 25.001 a 600.000. La cuantía máxima en este último caso no se altera porque está prevista para supuestos "muy concretos de alteraciones en espectáculos deportivos o culturales", según detalló el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago. Con respecto al valor probatorio de las declaraciones de los agentes de autoridad, la norma dejará claro que "los hechos consignados tienen que guardar lógica, coherencia y razonabilidad".
Uso de artefactos explosivos
Sobre el aviso de los cuerpos policiales a la hora de disolver una concentración, el texto incorpora una excepción para la medida: la advertencia policial no será necesaria en caso de producirse "una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otra manera peligrosa". En estas ocasiones, los agentes podrán disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de avisar previamente. Los ponentes también reclaman que la nueva ley incluya una disposición para que el Ministerio del Interior informe periódicamente de las actuaciones policiales y su alcance social, añadió Santiago. La nueva ley también recalca que las medidas de intervención policial para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana tienen que guiarse "en todo momento por un enfoque de derechos humanos y serán graduales y proporcionadas a las circunstancias". Además, también contempla la introducción de una cláusula para la incorporación en los programas de formación de las fuerzas de seguridad de técnicas de mediación y resolución alternativa de conflictos.
Los animales, categoría protegida
La nueva ley contemplará como categoría protegida, además de personas y corderos, a los animales, de acuerdo con las modificaciones legislativas relativas a la protección de los animales que se han aprobado durante esta legislatura. La introducción de un "mecanismo de protección a todos los actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual" fue otro de los puntos introducidos este jueves. También se ha incidido en la creación de normas que impulsen la reparación del mal causado, como la sustitución de indemnizaciones por trabajos comunitarios y por mecanismos de conciliación y la sustitución de sanciones en general.
Desde Podemos confían en celebrar una próxima reunión de la ponencia la semana que viene para "solucionar los cuatro o cinco artículos que quedan" para acordar y afirman que trabajarán para qué la reforma "quede aprobada este mes". Menos optimista se mostró el portavoz de Interior de Bildu, Jon Iñarritu, quien recordó que sigue sin haber acuerdo sobre los artículos "más lesivos" de la norma que el PP aprobó con su mayoría absoluta en 2015.