El Gobierno continúa haciendo equilibrismos entre Carles Puigdemont y el Tribunal Supremo. El encargado de pronunciarse este lunes ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Por un lado, considera que el regreso del presidente en el exilio fue “ruido” que “no benefició” ni a Puigdemont ni a Junts. Por otro lado, acusa al Alto Tribunal de “extralimitarse” en su decisión de no amnistiar la malversación atribuida a los líderes del procés por el referéndum del 1 de octubre.

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Así se ha manifestado Óscar Puente en una entrevista en Las Mañanas de RNE, en la que ha puesto en relieve que la norma del olvido penal tiene un “tenor literal muy claro” y ha reprobado que “lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla diciendo que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les habría costado la campaña de la independencia”. “No hay por donde agarrar su interpretación”, ha esgrimido, y ha subrayado que lo único que conseguirá el Supremo es “retrasar la implementación de una ley que es clara y terminante” y que “debería haber puesto fin a la cuestión judicial que se suscitó en relación con los hechos de 2017”. “Espero que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esto”, ha concluido. Además, también ha verbalizado el convencimiento de que Junts “variará” su estrategia y “pasará a ser un partido que toma decisiones que tienen trascendencia en la vida de los catalanes”.

“Las responsabilidades eran de los Mossos”

Además, ha insistido, igual que verbalizó el viernes Félix Bolaños, que “la responsabilidad de todo el mecanismo de seguridad” del jueves era competencia de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra, que fueron los que “tuvieron acceso” a Puigdemont. “Allí recaen las responsabilidades, no se le puede imputar ninguna al Gobierno”, ha apuntado. Ha argüido que “lo único que tiene el estado es el control de fronteras”, pero ha apuntado que, en un país del espacio Schengen, “los desplazamientos entre fronteras son completamente libres”, y ha reconocido que “controlar la entrada de una persona en España a través de la Guardia Civil de alguien que reside en la Unión Europea es muy complicado”. A pesar de esto, el PP hace días que pide el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

“Illa es un president del PSC elegido por quienes promulgaron una DUI”

El mismo día que los consellers del nuevo Govern presidido por Salvador Illa han tomado posesión, Óscar Puente ha celebrado que la llegada del PSC a la Generalitat “certifica el cierre del procés” con un ejecutivo “centrado en lo tangible y lo necesario” y no en la “ficción” y en “ensoñaciones”. Y después de que Alberto Núñez Feijóo haya anunciado que en septiembre reunirá a todos los presidentes autonómicos del PP para combatir un momento de “urgencia nacional”, Puente ha lamentado que la narrativa del PP sea la “narrativa de la ficción”. Además, ha puesto en valor que hoy en Catalunya haya un president de la Generalitat del PSC “elegido, entre otros, por quienes hace siete años promulgaron una Declaración Unilateral de Independencia” y ha lanzado al PP que “quien no lo quiera ver está ciego”.

“El acuerdo PSC-ERC contempla el respeto al principio de solidaridad”

Óscar Puente también se ha pronunciado sobre el pacto entre el PSC y ERC para reformar la financiación de Catalunya y salir del sistema común de financiación. Para el ministro, es un acuerdo que contempla una financiación “específica y singular” y, a la vez, conlleva el “respeto al principio de solidaridad”, aunque ha reconocido que hay que ver “cómo se va materializando” y hay que “descender a los detalles y desarrollarlo”. También ha apelado, sin mencionarla, a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, para que tenga una mayor “corresponsabilidad” a la hora de financiarse y no “se queje de la infrafinanciación y a la vez libere la mayoría de impuestos”.

Además, está convencido de que la alianza entre el PSC y ERC “no tendrá coste político” en el resto de España y tampoco variará la realidad de la aritmética del Gobierno en el Congreso de los Diputados: “Junts va a seguir respaldando unas cosas y otras no porque no coincide con sus planteamientos políticos, no descubrimos nada si decimos que Junts es un partido conservador”.