La cúpula de Puertos del Estado ocultó a la Agencia Tributaria su relación con el presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Así lo concluye el informe que la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF) entregó el pasado 2 de febrero al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Ismael Moreno, y donde se investiga la adjudicación de 20 millones de euros de Puertos del Estado a la empresa beneficiaria de los contratos y que les abrió las puertas de la Administración central y autonómica. El informe evidencia "las contradicciones" que se han detectado entre la versión que dieron los entes públicos que pagaron por las mascarillas y las pruebas que han aportado los empresarios. Hacienda pidió información a Puertos del Estado sobre la relación con los empresarios investigados. La respuesta la firmó su presidente, Álvaro Rodríguez Dapena, y según destapan El Mundo y El Periódico de España, fue clara: "este organismo público no ha tenido ninguna relación con las citadas empresas ni con el señor Víctor Gonzalo de Aldama Delgado".
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La versión de Puertos del Estado
El presidente de Puertos del Estado también negó que la elección del proveedor del material sanitario fuera consecuencia de "la participación de estas mercantiles y persona señalada como intermediarios, de los cuales se desconocía su existencia hasta la fecha o su posible vinculación de los cuales con la mercantil adjudicataria". Y apunta que todo lo relacionado con el expediente de contratación indicado "se llevó a cabo exclusivamente con la mercantil Solucionas de Gestión y Apoyo a las Empresas SL —empresa beneficiaria de las adjudicaciones— sin que, en ningún momento, cualquier otra empresa perteneciente al grupo empresarial o intermediario contactaran con este organismo público".
Sin embargo, según ha destacado la inspección, la empresa Soluciones de Gestión aportó pruebas "de relaciones con algunos de los clientes institucionales. Una de ellas es con representantes de Puertos del Estado, todavía en fecha anterior a la publicación de la orden (OLMO) del Ministerio. Todas estas relaciones han sido negadas por los clientes y los intermediarios". La investigación también tiene conocimiento de un correo del secretario general de Puertos del Estado, de Álvaro Sánchez Manzanares, conocido como 'Alvarito', dirigido al presidente de Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, y al mismo De Aldama el 21 de marzo de 2020 —día de la adjudicación formal de los 20 millones de dólares en mascarillas. El mensaje claro está y comunica a los dos empresarios el éxito de la gestión: "buenas tardes, os adjunto firmadas, el orden de contratación y las ofertas presentadas".
Un mensaje de WhatsApp
Aparte de este correo electrónico entre secretario general de Puertos del Estado y los dos empresarios considerados como cabecillas de la trama, hay otras comunicaciones que vinculan a la empresa con los implicados en la trama. Los investigadores tienen en su poder un WhatsApp de De Aldama a Rotaeche el 20 de marzo de 2020, en concreto a las 20:57 horas, en el cual le facilita el contacto de Álvaro Sánchez para cerrar el negocio. Además, le aconsejó que el correo lo pusiera todo en "minúsculas" y le pidió que "cuando lo envíes, me avisas". Solo una hora más tarde, uno de los trabajadores de Soluciones de Gestión —que pertenece a Juan Carlos Cueto— envió un correo a Álvaro Sánchez donde planteaba el negocio de las mascarillas. "Querido señor Sánchez, adjunto, le anexo nuestra oferta para 8 millones de mascarillas FFP2, según los términos y condiciones económicas y logísticas indicadas en esta. La entrega de la totalidad de la mercancía será realizada en Madrid donde ustedes indiquen. Anexamos también los certificados de estar al corriente en los pagos en la Seguridad Social (TGSS) y en la Agencia Tributaria (AEAT), así como escrituras de constitución de la sociedad", escribe. La Agencia Tributaria concluye que el mensaje se envió después de que "Víctor presentara la oferta presencialmente a Puertos del Estado".
Ante esta contradicción en las versiones, el inspector de Hacienda considera necesario verificar "la realidad de la intervención del señor De Aldama". En paralelo, el juez que instruye el caso ha pedido a Puertos del Estado que entregue una copia del contenido de todos los buzones y carpetas entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020 de los correos electrónicos del expresidente del organismo, Francisco Toledo; del actual secretario general, Álvaro Sánchez; de la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos, Aránzazu de Miguel; y de la responsable del Departamento Jurídico, Belén Caballero. Además, ha reclamado el contenido de los mensajes del resto de funcionarios de ADIF y de Interior que participaron en los diferentes contratos que se están investigando. Álvaro Sánchez Manzanares también consta en los informes de Guardia Civil que lo señalan como interlocutor del presunto comisionista, y como un contacto importante de Koldo García en la empresa estatal.