Nuevas revelaciones sobre el uso que España pretende hacer de la tecnología en relación con la monitorización de mensajes privados para encontrar contenido ilegal. Este martes se ha revelado que el estado español es partidario de prohibir la encriptación de extremo a extremo a los millones de ciudadanos de la Unión Europea. Carles Puigdemont no ha tardado en reaccionar a esta información expresando su disconformidad y lamentando que "España tiene una visión de la tecnología propia de países autoritarios". A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el presidente en el exilio ha lamentado que el Estado siempre adopte esta postura, ya sea haciendo uso de las herramientas de espionaje, o sea "promoviendo la eliminación de la encriptación extremo a extremo".
Prohibición de la encriptación de extremo a extremo
Un documento filtrado, al cual ha tenido acceso una de las revistas tecnológicas más prestigiosas del mundo Wired, revela el apoyo de diferentes estados miembros de la UE a las propuestas de escanear mensajes privados para encontrar contenido ilegal. En concreto, España se posiciona en contra del sistema de cifrado de extremo a extremo, aquel que utilizan plataformas como WhatsApp o Signal. El documento es un texto del Consejo Europeo en el cual se recogían las opiniones de los países miembros sobre la regulación de la tecnología de este tipo. España se posiciona como el país "más extremo", según el medio estadounidense, asegurando que los estados miembros no se tienen que proteger de este tipo de mensajes, y que tienen que poder escanear los mensajes a la búsqueda de actividades ilegales. "Lo ideal, según nuestra opinión, sería deseable impedir legislativamente que los proveedores de servicios con sede en la UE implementaran la encriptación de extremo a extremo", apuntan los representantes españoles en el documento filtrado.
Además, en relación con la necesidad de incluir archivos de audio en la monitorización de las comunicaciones, el Estado español alega que "estamos de acuerdo en incluir las comunicaciones de audio dentro del alcance de la propuesta CSA (acrónimo en inglés de abuso sexual infantil). Creemos que, tal como propuso la delegación húngara, la propuesta tendría que eliminar las referencias concretas a los diferentes tipos de materiales (imágenes, textos, videos y audios) y ser más general para que la propuesta aborde cualquier tipo de material relacionado con CSA".
Preocupación por la postura de España
Ya han aparecido las primeras voces que han mostrado su preocupación por la postura de España respecto a la encriptación de los mensajes. El exvicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha alertado sobre las intenciones del Estado con estas medidas. "Dicen que lo quieren hacer para proteger los derechos de los niños. Pero todos sabemos cuál es el motivo de verdad: Catalunya y Euskadi", ha escrito en su cuenta de Twitter.
Elies Campo, miembro de la empresa Citizen Lab, se ha soprendido por la respuesta de los estados de la UE, pero en particular por las posiciones que han mostrado España, Hungría y Polonia. "Es alarmante que los países que empujan más fuerte para prohibir la encriptación son los que han usado software espía en contra de su sociedad civil", ha apuntado a través de una piada, donde se cuestiona si realmente lo hacen para proteger los niños o tienen otro propósito.
La red de especialistas y activistas que trabajan por la defensa de la libertad de expresión en Internet, Xnet, ha alertado que utilizan la excusa de prevenir los abusos de los niños. "Excusa: Prevenir el abuso sexual en la infancia. Realidad: No contiene medidas para prevenirlo. Impone vigilancia masiva", han apuntado en las redes. Desde Xnet denuncian la amenaza por el derecho a la intimidad de los ciudadanos que supondría la aprobación de la regulación. Especialmente, si es tan radical como la que pide España. "La postura de España es la más extrema, avanzando por la derecha a Polonia y a Hungría", han indicado.