Nueva batalla jurídica en Europa. Los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí denunciarán que Pedro Sánchez les quiere hacer detener y encarcelar con la anunciada reforma del Código Penal y la supresión del delito de la sedición, durante las vistas que se celebrarán en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) los próximos 24 y 25 de noviembre. Es decir, denuncian que se les aplica el derecho penal del enemigo, definido por el jurista Günter Jakobs y con el cual se relajan las garantías penales para perseguir al opositor de un estado, como se ha demostrado en el caso contra los independentistas catalanes. En las dos sesiones, en Luxemburgo, los abogados de los eurodiputados, encabezados por Gonzalo Boye, defenderán la inmunidad de los tres eurodiputados de Junts, así como pediran la anulación del suplicatorio para levantarles esta protección y entregarlos al Estado español porque se les han vulnerado derechos fundamentales.
Las sentencias del TGUE, que se esperan en dos meses, son un paso más del complejo engranaje jurídico tejido por la defensa del exilio. No obstante, será clave la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las prejudiciales solicitadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre si otro país de la Unión puede entrar en el fondo de un caso de otro país (porque Bélgica rehusó entregar a Lluís Puig al cuestionar que se le vulnerarían derechos) y si puede volver a pedir una euroorden de detención a Puigdemont. Sería la cuarta. La resolución del TJUE se espera a finales de este año, pero podría demorarse hasta el próximo marzo. Si Puigdemont, Comín y Ponsatí, ganan la inmunidad en el TGUE, se podrían plantear volver al Estado español, según su defensa. No obstante, habrá que ver si el Tribunal Supremo respeta su inmunidad o les hace detener al poner un pie en Catalunya.
Las contradicciones entre la JEC y el TC
Más que la reforma del Código Penal -anunciada la semana pasada y acordada por el PSOE y Podemos y aceptada por ERC, con la desaparición del delito de sedición y la entrada de un nuevo delito de desórdenes públicos agravados-, Gonzalo Boye expondrá a los magistrados del TGUE la persecución política de Puigdemont expresada a través de las declaraciones de los miembros del Gobierno del PSOE para cazar al presidente Puigdemont, ja que una reforma de este tipo se propone en beneficio del conjunto de la sociedad. Estas polémicas declaraciones de Pedro Sánchez y su equipo se sumarán a la exposición del cambio de tipos penales que se han realizado desde el 2017 para perseguir los independentistas catalanes: rebelión, sedición y ahora desórdenes públicos agravados o solo malversación.
Boye no solamente expondrá esta persecución, sino también que la Junta Electoral Central (JEC), en su comunicado al Parlamento Europeo, no respeta la resolución del TJUE en el conocido caso Junqueras, en el cual fijó que se consigue el acta de eurodiputado al ser escogido, no cuando se jura la Constitución. Y también de la reciente resolución de Tribunal Constitucional (TC), de la cual solo se ha comunicado la respuesta, que es que el tribunal de garantías, en contra de la opinión de la JEC, considera eurodiputados Puigdemont, Comín y Ponsatí.
Las declaraciones del gobierno socialista
De las polémicas declaraciones, Pedro Sánchez aseguró el jueves de la semana pasada en La Sexta, en el marco de la entrevista en que anunció la reforma del delito de sedición, que a pesar de los cambios en el Código Penal, Puigdemont tendrá que rendir cuentas ante la justicia española "absolutamente", dado que "los delitos que se cometieron en el 2017 siguen estando presentes en el Código Penal" aunque cambien de denominación. Esta idea la reiteró tres días después, el domingo, en una entrevista en La Vanguardia donde insistió en que Puigdemont cometió delitos en el 2017, por los cuales, todo y la reforma del Código Penal tendrá que rendir cuentas. "Por descontado, los delitos no desaparecerán. Carles Puigdemont, cuando tenga que comparecer, que comparecerá, estoy convencido de eso, ante la justicia española, tendrá que rendir cuentas de los delitos cometidos en el 2017".
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, fue más allá y el martes aseguraba en una entrevista a la Cadena Cope con relación a la reforma del delito de sedición que el objetivo de todo el mundo es "por descontado" que Puigdemont "vuelva a España y que cumpla y que comparezca ante la justicia española y cumpla la pena que le corresponda". "La dificultad de la extradición es porque nuestro tipo penal de la sedición no existe en otros países, es un paso adelante importando alinearlo con los países de nuestro entorno", aseguró.
Todavía más contundente fue, sin embargo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que desde el atril de la sala de prensa de la cámara baja se vanaglorió de que la reforma del Código Penal facilitará la extradición de los líderes independentistas exiliados. López provocó la irritación de los exiliados al asegurar, utilizando terminología propia de la lucha contra ETA, que "no volverá a haber santuarios para los cuales atentan contra el orden público".
El polémico suplicatorio
La causa en el TGUE arranca cuando el 9 de marzo del 2021 el Parlamento Europeo aprobó el suplicatorio para levantar la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los tres recurrieron la decisión y pidieron que se les devolviera cautelarmente la inmunidad mientras el tribunal decidía sobre este recurso. Así se hizo en un primer momento. No obstante, un mes más tarde, el 30 de julio del 2021, se revocó la medida porque el tribunal sostenía que, a pesar del levantamiento de la inmunidad, no podían ser detenidos porque las cuestiones prejudiciales que había presentado el juez Pablo Llarena sobre las euroórdenes había dejado las órdenes de detención en suspenso. No obstante, dos meses después, Puigdemont fue detenido durante un viaje al Alguer y puesto en libertad. Cuando se hizo la vista, la Cort de Apelación de Saser decidió suspender el procedimiento que Puigdemont tiene abierto al tribunal de Luxemburgo.
Durante el año largo que ha transcurrido desde aquellos hechos no se han registrado novedades significativas en esta carpeta. De hecho, los exiliados han hecho habituales, sin problemas, sus estancias a la Catalunya Nord.
Así, en el TGUE además de la persecución política del presidente Puigdemont, Boye expondrá que la comisión presidida por el eurodiputado Adrián Vázquez, de Ciutadanos, que ha promovido levantar el suplicatorio de los exiliados, tiene "falta de imparcialidad", y se les ha vulnerado derechos fundamentales como es que la causa contra el procés independentista no tiene el juez predeterminado por la ley (refiriéndose al juez Llarena del Supremo) y, por lo tanto, el procedimiento tampoco ha sido el correcto.
En las dos vistas al TGUE, las partes son los exiliados y el Parlamento Europeo, mientras el Estado español actúa, como adheridos del primero.