El president en el exilio, Carles Puigdemont, y los consellers Toni Comín y Clara Ponsatí han pedido al Tribunal de Cuentas (TCu) la suspensión del juicio contra el Govern por los gastos del 1-O y la proyección exterior de la Generalitat. Los tres eurodiputados argumentan en un escrito que la existencia de un procedimiento en el Supremo por la misma causa impide que el Tribunal de Cuentas pueda continuar el proceso hasta que no haya sentencia firme en la jurisdicción penal contra ellos.

El 17 de noviembre el Tribunal de Cuentas tiene previsto el juicio contra 35 excargos de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont, a los cuales la fiscalía reclama 3,2 millones de euros -y Sociedad Civil Catalana, 5,3 millones- por los gastos del 1-O y de la promoción de Catalunya en el exterior entre los años 2011 y 2017.

El TCu no puede pronunciarse

La defensa de de Puigdemont, que dirige Gonzalo Boye, pide la suspensión de esta vista del día 17 y del procedimiento contra el Govern, y se ampara en la doctrina fijada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo que establece que "el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable derivada de una conducto presuntamente delictiva mientras no exista una resolución penal firme, que declare si en efecto se trata de hechos constitutivos de delito".

En el escrito, la defensa de Puigdemont admite que no es incompatible el procedimiento a diferentes jurisdicciones, pero puntualiza que eso no quiere decir que pueda llevarse a cabo de manera simultánea. Advierte que el procedimiento penal contra los tres eurodiputados es un "elemento previo, fundamental y necesario para poder determinar cualquier responsabilidad contable". "Es más, podría darse resoluciones contradictorias vulnerando gravemente los derechos de los demandantes", argumenta.

Suspensión del juicio

Por todo ello los tres eurodiputados reclaman la suspensión del juicio del día 17 de noviembre con el fin de salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los encausados, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.

En la audiencia previa, que se celebró el 16 de diciembre pasado en Madrid, el Tribunal de Cuentas ya rechazó verbalmente la suspensión de la causa catalana, a pesar de que las defensas insistieron que la Generalitat no ha sido perjudicada, y ahora tampoco ha aceptado los recursos pendientes, la mayoría de codemandados de ERC.

Puigdemont y Comín están procesados en rebeldía en el Tribunal Supremo por malversación agravada y desobediencia por organización del 1-O, mientras que Ponsatí solo está procesada por desobediencia.