Respuesta al asedio judicial con el caso Volhov para esquivar la amnistía. El president en el exilio, Carles Puigdemont, el director de su oficina, Josep Lluís Alay, y su abogado, Gonzalo Boye, han presentado ante la sala de lo penal del TSJC una querella por prevaricación y malversación contra el juez instructor del caso Volhov, Joaquín Aguirre. Entre las medidas cautelares que reclaman que adopte el TSJC figura la suspensión provisional del magistrado en la investigación del caso, "para evitar que los efectos del delito se sigan produciendo" y para impedir que tome represalias.
Con esta acción, los querellantes responden al intento del juez Aguirre de esquivar la amnistía, abriendo una pieza separada del caso Volhov para investigar por traición a trece personas, entre las cuales los presidents Puigdemont y Artur Mas. El magistrado anunció la obertura de esta pieza separada tres semanas después de que la Audiencia de Barcelona le conminara a cerrar la instrucción del caso.
La querella contra Aguirre se presenta al día siguiente que Canal Red hizo públicas unas grabaciones en que se hace evidente la intencionalidad de la actuación del juez, que advierte que la amnistía será la tumba del gobierno de Pedro Sánchez, a quien le quedan solo "dos telediarios alemanes".
Evitar represalias
Por lo que respecta a la petición de suspensión del juez en la investigación del caso Volhov, en la querella se argumenta que el objetivo es "evitar que los efectos del delito se sigan produciendo, así como impedir que se tomen represalias en contra de los querellantes y del resto de los investigados en el conjunto de piezas separadas de este procedimiento". Reclaman que la suspensión sea para toda la causa y no solo en la pieza sobre la supuesta injerencia rusa, dado que, el magistrado "instrumentaliza la creación de piezas separadas, con una finalidad ilegítima e ilícita, que no es otra que burlarse el cumplimiento de las resoluciones dictadas por sus superiores jerárquicos de la Audiencia Provincial de Barcelona".
"Por ahora ya se ha dictado un caso en que 13 personas ilegalmente están siendo investigadas y se encuentran a expensas del arbitrio del querellado, sin posibilidad alguna de defenderse y con graves expectativas de ver, todavía más, mermados sus derechos constitucionales, mediante medidas provisionales de carácter real y/o personal que podría adoptar el magistrado querellado, si no se acuerda su separación inmediata a la investigación del procedimiento 111/2016".
Testigos
En la querella, que firman Boye e Isabel Elbal, reclaman que se practiquen la declaración de Aguirre en calidad de investigado, y la declaración como testigos del letrado de la Administración de Justicia José María Valls Soriano, los periodistas Jesús Albalat, de El Periódico, y David Alandete, autor del libro La Trama Rusa, y el analista del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales Nicolás de Pedro.
El escrito denuncia la lentitud con que Aguirre tramita los recursos y el caos y aparente desorden de la causa, así como el hecho de que en el auto del 21 de junio se designara a la Comisaría General de Información en calidad de policía judicial lo cual está provocando que se destinen fondos públicos "ilícitamente" a estos funcionarios policiales.
Los querellantes acusan a Aguirre de protagonizar un acto "arbitrario, extravagante, caprichoso y vulnerador de derechos fundamentales" después de que el 21 de junio abrió una nueva pieza separada en la que les persigue por traición, aunque la Audiencia lo había conminado semanas antes a cerrar la instrucción. Denuncian que la actuación del magistrado "ha puesto en peligro el sistema constitucional, el sistema de valores democráticos que tendrían que presidir su función jurisdiccional, realizando prácticas que solo se admitirían a los estados totalitarios".
Por lo que respecta a la prevaricación, denuncian que el magistrado está dando a los fondos públicos una finalidad inequívocamente ilegal, dado que, aunque la Audiencia Provincial le ha ordenado el cierre de la instrucción del caso, la sigue impulsando "ilegalmente a costa de fondos públicos". Subraya que Aguirre ha designado a los funcionarios policiales pertenecientes a la Comisaría General de Información, "otorgándoles la condición de policía judicial y, a partir de eso, generando una dinámica de gasto público ilegal, indebido y, por lo tanto, malversadora".