El president Carles Puigdemont ha llegado poco antes de las 11 horas a la Corte de Apelación de Sassari a fin de que la justicia italiana decida si tiene que ser entregado o no a España en aplicación de la euroorden dictada contra él por el juez instructor Pablo Llarena.
A la puerta del tribunal lo esperaban numerosos grupos y partidos independentistas sardos, así como representantes de ERC, Junts, la CUP, Òmnium y la ANC.
Concentración de apoyo al president / M.L.
Vox había anunciado también su presencia esta mañana en Sassari, y las medidas de seguridad fuera del tribunal para evitar incidentes son visibles.
El president rechazará la extradición y prestará declaración, acompañado de su abogado, Gonzalo Boye, y el abogado italiano Agostinangelo Marras. Después de denunciar repetidamente que es objeto de una persecución política, Puigdemont comparece en el tribunal justo al día siguiente de que el líder del PP, Pablo Casado, cerrara la convención nacional del PP comprometiéndose a llevarlo ante el Supremo aunque "lo tenga que ir a buscar hasta el último rincón de Europa". El compromiso de Casado fue expresado en la plaza de toros de Valencia llena de militantes populares que acogieron sus palabras con gritos de Puigdemont a prisión.
Además, Vox pidió personarse a la vista en Sassari por la euroorden y ha designado como representante a un abogado de Roma con despacho en Madrid, Antero Ovoli. La vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, también estará en las puertas del juzgado de Sassari para dejar clara la opinión de la formación de ultraderecha.
Todo ello puede complicar todavía más la situación para el juez Llarena, que ya de partida era delicada, como pudo constatar el 24 de septiembre cuando la presidenta del tribunal, Plinia Azzena, dejó a Puigdemont en libertad sin cargos.
Por su parte, el TGUE no ha escondido que aceptó mantener suspendida la inmunidad de Puigdemont porque España le había asegurado, a través del abogado del Estado, que las euroórdenes estaban congeladas. Lo cual se contradice con la tesis del Supremo, que las órdenes de detención siempre han sido vigentes desde que en 2019 las dictó el juez instructor.
Llarena pide extradición o paralizar el proceso
Por todo ello, Llarena ha insistido en el escrito que las euroórdenes que emitió en 2019, después de que se conoció la sentencia condenatoria contra los líderes del procés, no han sido suspendidas en ningún momento, dado que sólo las puede suspender él y no lo ha hecho. Por esta razón, pide a la Corte de Apelación que Puigdemont sea entregado a España.
No obstante, añade también que en caso de que la justicia italiana concluya que las cuestiones prejudiciales que España presentó en relación a la decisión de Bélgica de no entregar al conseller Lluís Puig dejan la euroorden en suspenso, "paralice el procedimiento de ejecución" hasta que el TJUE dé respuesta a las cuestiones y se desbloquee de nuevo el procedimiento.
Foto principal: El president Carles Puigdemont llega a la Corte de Apelación de Sassari / M.L.