Contundente respuesta del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, después de que se ha sabido que el juez Pablo Llarena ha decidido esquivar el amnistía mantener las órdenes de detención contra él y contra los consellers Toni Comín y Lluís Puig. Puigdemont ha respondido en un tuit en la red X en que ha tratado de mafiosos a los jueces del procés: "La Toga Nostra". Con estas palabras evoca la forma como se conoce en todo el mundo a la mafia siciliana, la Cosa Nostra.

El juez instructor ha hecho saber este mediodía que, aunque la ley de amnistía establece "el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares", mantendrá las órdenes de detención contra los tres políticos exiliados. Llarena esgrime que los comportamientos atribuidos al president en el exilio y a los dos consellers "incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan hecho con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten los intereses financieros de la Unión Europea".

La resolución se ha conocido al mismo tiempo que se hacía pública la decisión de la sala del Tribunal Supremo presidida por el magistrado Manuel Marchena ha resuelto que no aplica la amnistía al vicepresident Oriol Junqueras y los consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y por lo tanto, los mantiene la inhabilitación a cargo público hasta el 2031.

Los dos autos se han conocido horas después de que a primera hora de la mañana el Canal Red, que dirige Pablo Iglesias, hiciera público dos audios del juez instructor del Caso Volhov, Joaquín Aguirre, vanagloriándose de que el primer dictamen de la ley de amnistía había fracasado gracias a él y asegurando que la ley aprobada en el Congreso acabará con el gobierno de Pedro Sánchez, al cual solo le quedan "dos Telediarios alemanes".

Rull: "Nueva infamia"

El president del Parlament, Josep Rull, ha tildado de "nueva infamia de la cúpula judicial española, que se otorga un rol político impropio en un estado de derecho" la decisición de negar la amnistía a los miembros del Govern. "De nuevo, ratifico mi determinación de hacer respetar los derechos de los diputados en el Parlament, incluidos el derecho a votar y a ser votado", concluye en un tuit en su cuenta de X.

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que va ser condemnada pel Suprem per la seva participació al referèndum del 1-O, reprocha que la decisión de los jueces demuestra que se mueven por una "venganza" contra el independentismo. "Es infame y vergonzoso que digan que hubo enriquecimiento personal, es una mentira absolutamente inmoral. La unidad de España por delante de todo, de la justicia y de la democracia", añade.

La consellera Dolors Bassa, también excluida de la amnistía, denuncia que "los jueces hacen política". "Deciden: Nada de aplicación de la amnistía. ¡Esto es España!", ha lamentado desde las redes sociales.

Òmnium: "golpe de estado judicial"

También Òmnium Cultural ha respondido a través de las redes a las interlocutorias del Supremo en que se dictamina la no aplicació de la amnistia a los miembros del Govern que llevaron a cabo el referéndum. Òmnium acusa al Tribunal Supremo de saltarse la ley. "Se confirma un golpe de estado judicial: el Tribunal Supremo se salta la ley para perseguir, criminalizar y condenar al independentismo. ¡No pasarán!", asegura la entidad en su tuit.

El juez Llarena argumenta en el auto en el que se niega que aplicar la amnistía a los miembros del Govern que “concibieron el plan para conseguir la independencia de Catalunya y adoptaron un acuerdo de gobierno para asumir determinadas facturas desde sus departamentos". "Consecuentemente, los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un carácter patrimonial marcado, habiendo permitido que los encausados ​​obtuvieran determinados bienes y servicios sin disminución de su peculio o patrimonio”, añade.

Por lo que respecta a la Sala Segunda del Supremo, en el auto en que se opone a aplicar la amnistía a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, sostiene que el delito de malversación no se puede amnistiar porque en el Referéndum «hubo enriquecimiento personal de carácter patrimonial", lo cual queda excluido de la norma del olvido penal, y también porque, según asegura el tribunal, el 1-O se "afectó potencialmente a los intereses financieros de la Unión Europea".