Carles Puigdemont y Toni Comín se han presentado a sus compañeros de hemiciclo con una carta que han enviado a primera hora de esta tarde donde exponen la "tremenda batalla legal" que han tenido que librar para llegar a tomar posesión de los escaños en el Parlamento Europeo; recuerdan que Oriol Junqueras continúa en la prisión aunque el TJUE reconoció su inmunidad y, con él, miembros del gobierno y líderes sociales; y plantean propuestas concretas para armonizar la ley electoral y el Código Penal de los diferentes estados miembros de la Unión Europea.

Antes, sin embargo, a lo largo de la misiva de tres páginas, los dos eurodiputados dedican duras críticas contra la justicia española. "El hecho de que en un estado miembro podamos encontrar presos políticos es una anormalidad que representa el modo como el Tribunal Supremo, en particular, y toda la judicatura, en general, han estado actuando desde hace unos años para suprimir los deseos y derechos del pueblo de Catalunya", añade.

Los dos políticos recuerdan que España hizo la Transición democrática hace 42 años, pero añaden que no se hizo de manera adecuada y "uno de los problemas pendientes es el que afecta a las altas instancias del sistema judicial". En concreto, acusan al sistema judicial español no sólo de falta de contrapoder y control sino también de tener una agenda política propia.

"La agenda política del poder judicial representa las reminiscencias del franquismo, representa una anormalidad democrática, un ataque a nuestra libertad y una perversión de sus funciones que socava su imparcialidad y les permite usar y abusar del instrumento puesto en sus manos por los ciudadanos", denuncian.

Aseguran además que la agenda política de la justicia española va en contra del espíritu de la Unión y sus regulaciones —"como se ha mostrado en nuestra causa a través de las constantes violaciones de nuestros derechos, de nuestra inmunidad," añade la carta—. Puigdemont y Comín concluyen que España tiene un problema, que no es Catalunya ni el derecho a la autodeterminación, sino que su sistema judicial está interfiriendo en la actividad política, condicionándola a partir de "su propia agenda y visión retrograda sobre cómo España tendría que comportarse".

"Estamos aquí también para ayudar a resolver el problema de España, pero no de la manera como espera la justicia española. Queremos resolver el problema con Europa, con una Unión fuerte en la que todos nosotros y los ciudadanos europeos nos sintamos cómodos", añade.

Concluyen que el caso catalán no es un problema sino una oportunidad para sacar adelante nuevos retos, entre los cuales cita dos: desarrollar una regulación electoral europea que tenga en cuenta situaciones como las vividas en que un órgano judicial confunde al Parlamento sobre los resultados electorales, y un Código Penal común que impida que un estado miembro considere como delito situaciones que otros estados no consideran como tal.