El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y el eurodiputado electo, Toni Comín, denuncian indefensión ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la cual da la razón en el Parlamento Europeo al no haber reconocido a los dos dirigentes de Junts como eurodiputados en el año 2019. Además, Puigdmeont i Comín han anunciado que llevarán a la justicia europea la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Y es que el líder de Junts y el cabeza de lista a las elecciones europeas del 9 de junio quieren que la justicia europea se pronuncie sobre si el juramento de la Constitución como condición para obtener el acta de eurodiputado se ajusta, o no, al derecho europeo.
Así lo han anunciado Puigdemont y Comín en un comunicado después de conocer la sentencia del TJUE. Por eso, pedirán al Tribunal Supremo que presente una cuestión prejudicial sobre este asunto en el TJUE. Una vía que, aseguran, aplicarán de forma inmediata en el marco del procedimiento que está actualmente en curso al Tribunal Supremo y que se abrió después de que la JEC posicionara en contra de reconocer Comín como eurodiputado. Puigdemont y Comín, además, recuerdan que eso les permitirá, al mismo tiempo, presentar una nueva demanda de medidas cautelares, que se añadiría a la demanda de cautelares ya presentada actualmente delante del Ttribunal General de la Unión Europea (TGUE) para corregir la decisión de la presidenta Metsola de denegar el escaño de Toni Comín, elegido en las pasadas elecciones del 9 de junio. Al mismo tiempo, Puigdemont y Comín también aseguran que estudiarán la vía de presentar un recurso de incumplimiento contra el Estado español en base el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
"No entra en el fondo de la cuestión"
Los dos dirigentes juntaires señalan que la sentencia de este jueves "no entra en el fondo de la cuestión que plantearon al Tribunal" para saber si un estado puede poner requisitos incompatibles con el derecho europeo al impedir que un eurodiputado electo pueda ser reconocido como tal por parte del Parlamento Europeo. "Es lo que hizo el Estado español cuando impuso -a través de la LOREG- que la promesa presencial de la Constitución española fuera un requisito previo a la notificación ante el Parlamento de la lista donde se determina cuáles son los eurodiputados elegidos por parte de este estado", aseguran los juntaires.
Con todo, Puigdemont y Comín constatan que el Tirbunal simplemente se "limita" a decir que el presidente Parlamento Europeo no es competente para dirimir sobre si los requisitos que impone la LOREG son, o no, compatibles con el derecho europeo. Por eso, dicen, lo entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, no podía hacer otra cosa que limitarse a tomar nota de la lista de eurodiputados que le notificaron las autoridades españolas.
Alertan de cómo los otros estados pueden utilizar esta sentencia
Según los juntaires, mientras el TJUE no deje resuelta esta cuestión de forma definitiva, "abre la puerta para que otros estados miembros de la UE puedan imitar el ejemplo de España e inventen requisitos contrarios a los principios de la democracia". "Que inventen requisitos incompatibles con el derecho europeo para subvertir los resultados electorales de su país", asegurando a Puigdemont i Comín, que lo consideran un "daño irreparable" para la democracia europea. "No nos puedes dejar indiferentes en un momento en el cual se constata un incremento de las posiciones autoritarias en varios estados de la UE", aseguran.
En el mismo comunicado, Puigdemont y Comín muestran su "sorpresa y preocupación" por el contenido de la sentencia y recuerdan la opinión del abogado general del TJUE del pasado abril del 2024 en la cual reprochaba a Tajani que pusiera "en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados". Además, recuerdan que señalaba que el expresidente del Parlamento Europeo "se tendría que haber fijado en la primera proclamación de los resultados de las elecciones europeas del 2019 y no por las posteriores notificaciones de las autoridades españolas, que no reflejaban de forma fiel y completa estos resultados". "En aquella opinión, el abogado general del TJUE también aprovecha para recordar a España que ningún estado miembro puede suspender las prerrogativas a las cuales tienen derecho los representantes del Parlamento Europeo", aseguran Puigdemont y Comín.