Eurodiputados catalanes y vascos, entre los cuales figura Carles Puigdemont, han denunciado ante la Comisión Europea que la Audiencia Nacional ha autorizado, bajo la excusa del estado de alarma y de manera masiva, la prórroga de las escuchas telefónicas que están llevando a cabo los cuerpos policiales en los procedimientos judiciales bajo su jurisdicción.
Puigdemont lo ha anunciado a través de un tuit donde advierte que el Estado español "está convirtiendo de facto el estado de alarma en un estado de excepción, violando derechos fundamentales."
Firman la pregunta además de Puigdemont los diputados de JxCat Toni Comín y Clara Ponsatí, la republicana Diana Riba, Izaskun Bilbao del PNV y Pernando Barrena de Bildu.
Según los eurodiputados se trata de seguimientos que no sólo afectan a las personas que se encuentran bajo investigación criminal sino también personas "relacionadas o accidentalmente conectadas con ellas". Es decir, que se trata de centenares de ciudadanos y han sido autorizado "sin control judicial y sin el principio de necesidad o proporcionalidad".
Los eurodiputados denuncian que estas medidas aprobadas sin el debido procedimiento representan una "clara violación" de los derechos reconocidos en el artículo 8 de la convención europea de derechos humanos así como una violación del artículo 7 y 8 de la carta fundamental de los derechos de la UE y posiblemente del artículo 52.
Por esta razón, preguntan a la Comisión Europea si considera que estas medidas respetan los derechos fundamentales y si incluirá este tema en su informe anual sobre el estado de derecho.