El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado una denuncia contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la "desatención y el retraso injustificado y reiterado" en la tramitación de los recursos interpuestos vinculados a la ley de amnistía de las causas de Puigdemont y Toni Comín. El escrito se centra en la falta de resolución de los recursos de reforma que han presentado contra la no aplicación de la ley de amnistía a la malversación que se lo imputa a Puigdemont, una decisión que Llarena reiteró el pasado 1 de julio. Boye señala que el magistrado "ha incumplido reiteradamente" el plazo legal previsto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la resolución de recursos de reforma. En este sentido, Boye pide al órgano de gobierno de los jueces que investigue este retraso al considerar que Llarena ha incurrido en una infracción disciplinaria de la Ley orgánica del Poder Judicial al "haberse excedido con creces el plazo previsto" en el ordenamiento para resolver los recursos. Boye manifiesta que los escritos se tendrían que haber resuelto durante la primera quincena del mes de julio.
Falta disciplinaria
La denuncia apunta "la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales tiene la respuesta disciplinaria en las faltas muy grave, grave y leve". Boye recuerda que el 1 de julio, el juez declaró "inaplicable" la amnistía por el delito de malversación y que los días 8 y 9 de julio la defensa interpuso varios recursos de reforma, además de otros recursos posteriores. Esta decisión también la recurrió, al menos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del exconseller Lluís Puig. En el escrito, el abogado también señala que Llarena interrumpió sus vacaciones el día antes de que Puigdemont volviera a Catalunya.
El escrito asegura que "los denunciantes han presentado dos recordatorios de estos recursos de reforma". "No hay ninguna duda que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de eso ha seguido sin despacharlo", sostiene. Y concluye que aunque Llarena dejó "sin efecto su licencia de vacaciones con el anhelo notorio de supervisar la captura del muy honorable señor Carles Puigdemont y Casamajó". "Lo que, además de poner de manifiesto el malicioso de la dilación, indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal". El 13 y 14 de agosto, Boye presentó de nuevo escritos de queja por la no resolución de los recursos. A raíz de la inacción del Supremo, el abogado ha dado un paso más allá y ha elevado la cuestión en el CGPJ.