El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha reaccionado a la derrota de las euroórdenes del juez Pablo Llarena en Bélgica reclamando la libertad de todos los presos políticos. La fiscalía belga ha descartado hoy recurrir la decisión de tumbar la euroorden que Llarena había dictado contra el conseller Lluís Puig, con lo que la decisión de Bélgica es definitiva.
La fiscalía belga ha asegurado esta mañana a la agencia ACN que no recorrerán la negativa dictada ayer por el Tribunal de Apelación, para la cual disponía de 24 horas.
"Game over. El Supremo no era, no es ni será competente para perseguirnos. Ni a nosotros, ni a los presos políticos. Libertad inmediata para Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez", ha indicado Puigdemont.
Game over. El Supremo no era, no es ni será competente para perseguirnos. Ni a nosotros, ni a los presos políticos. Libertad inmediata para @ForcadellCarme, @junqueras, @jorditurull, @raulromeva, @quimforn, @joseprull, @dolorsbassac, @jcuixart y @jordialapreso. https://t.co/2Y1dX3464Z
— Carles Puigdemont (@KRLS) January 8, 2021
La Justicia belga ha desestimado la euroorden porque considera que el Tribunal Supremo español no es competente para hacer esta petición, y también porque no encuentra suficientes garantías de que en España se respete la presunción de inocencia, por las declaraciones que hacen políticos y jueces contra el procés independentista.
La no competencia del Supremo ha sido uno de los argumentos fundamentales del exilio para combatir las euroórdenes. También es uno de los puntos en que se basan para reclamar la puesta en libertad de los presos políticos,
La euroorden española pedía la extradición de Puig por un delito de malversación de caudales públicos para la organización del referéndum del 1-O.
Esta era la tercera euroorden dictada contra el conseller. La primera se presentó en diciembre del 2017, cuando una parte del Govern se exilió con Carles Puigdemont a Bélgica. La segunda, de julio del 2018, se tuvo que enmendar varias veces por defectos de forma y cayó definitivamente cuando el tribunal de Schleswig-Holstein decidió que los delitos de sedición y rebelión no encajaban con la legislación alemana.