Carles Puigdemont ha estallado contra la mesa de "diálogo" por el juicio a los CDR, asegurando que ha tenido "cero efectos". Concretamente, el juez ha cerrado la investigación de los CDR acusados de terrorismo y los ha dejado más cerca de juicio. Es así como el president en el exilio y eurodiputado de Junts ha hablado de una "salvajada, idéntica a las salvajadas que llevan haciendo desde hace cinco años y medio". "Cero efectos de la desjudicialización, cero consecuencias del diálogo en la resolución del conflicto político", ha expresado en un tuit de este jueves.
La cosa no termina aquí. "Este nuevo zarpazo desmiente la retórica oficial, de allí y de aquí", ha dicho Puigdemont, en referencia al Gobierno y ERC — en tanto que defensores del diálogo y la desjudicialización. Una retórica oficial que "busca desmovilizarnos ante las injusticias y los abusos, y que barbaridades como esta pasen de puntillas delante de los ojos de la sociedad". "No lo permitamos. No dejemos que el silencio o la indiferencia se impongan", ha concluido.
Clara Ponsatí, sobre el juicio a los CDR
La también eurodiputada de Junts Clara Ponsatí se ha sumado a mostrar su rechazo a la noticia sobre el juicio en los CDR. "Se confirma que la Operación Judas contra los CDR es un caso de persecución nacional y una vulneración del estado de derecho. Los acusan de terroristas porque son catalanes", ha dicho en un tuit. Acto seguido, ha compartido el hilo de Twitter sobre estatdedret.cat — el sitio web que ella misma impulsó para recoger todas las vulneraciones del estado de derecho contra Catalunya.
Ha sido este jueves cuando el juez titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dado por cerrada la instrucción contra 12 miembros del Comitè de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo en el marco de la Operación Judas. El magistrado ha enviado la causa a la Sala de lo Penal del mismo juzgado para que decida si se tiene que abrir juicio contra los procesados por los delitos de pertenencia a organización terrorista y de tenencia y fabricación de bombas. El primero comporta penas de prisión de entre seis y doce años, mientras que el segundo, de ocho a quince años. Es la segunda vez que se concluye la instrucción porque uno de los investigados había pedido que se practicaran más diligencias.