Carles Puigdemont ha vuelto a batir a Pablo Llarena. Es una de las conclusiones que deja el fugaz regreso a Barcelona y posterior desaparición del president en el exilio, que consiguió atravesar la frontera dos veces en tres días y pudo escabullirse de 300 Mossos d’Esquadra. El objetivo era esquivar la orden de detención que el juez del Tribunal Supremo mantiene activa desde junio contraviniendo al tenor literal de la ley de amnistía. Después del anuncio reiterado por parte de Puigdemont que estaría en Catalunya, “pese a quien pese”, para el debate de investidura, Llarena veía una oportunidad de oro para detenerlo después de seis años y medio y, finalmente, mandarlo a juicio por el referéndum del 1 de octubre, por el que está acusado de malversación.
El magistrado del Supremo lo tenía a tocar. Pero Puigdemont se salió con la suya y ha conseguido volver libre a Waterloo. Habían pasado justo 24 horas desde la desaparición de Puigdemont que el juez, impotente, dictó dos providencias para pedir explicaciones a los Mossos y al Ministerio del Interior por el “fracaso” del dispositivo policial. Un día que había empezado cerca del objetivo que persigue desde 2017 acabó con una nueva frustración. Es cierto que no es la primera vez que el juez sufre un revés y que es testigo de un infructuoso intento de llevar a Puigdemont a Madrid. Ahora bien, es la primera vez que el triunfo de Puigdemont tiene lugar dentro del Estado español, donde, a priori, Llarena tendría todos los elementos para salir vencedor. Puigdemont no solo continúa en libertad, sino que ha conseguido eludir la detención en ‘casa’ del juez del Supremo. Y las victorias como visitante siempre son más valiosas.
Pablo Llarena renuncia a una extradición solo por malversación
Tal como recordaba Puigdemont en su carta del sábado pasado, si hubiera sido detenido en Barcelona, no habría sido la primera vez. Las dos detenciones a las que ha tenido que hacer frente desde que está en el exilio fueron en Alemania y en Italia. La más trascendente fue en Alemania. En 2018, Puigdemont volvía en coche a Waterloo desde Finlandia y, justo después de atravesar la frontera con Dinamarca, fue detenido. Estuvo dos semanas en la prisión de Neumünster hasta que la justicia alemana lo dejó en libertad y descartó que hubiera cometido un delito de rebelión, que era la acusación que pesaba sobre él en aquel momento. Finalmente, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein decidió extraditarlo solo por malversación, pero como Llarena interpretó que era insuficiente, ya que le impedía llevarlo a juicio por rebelión o sedición, rechazó la entrega. Un revés para Pablo Llarena, que había estado cerca del expresident solo medio año después del inicio de su exilio.
Una detención en Cerdeña sin consecuencias
La otra detención de Puigdemont fue en el Alguer, en Cerdeña. El president había llegado desde Bruselas para participar en el encuentro internacional Adifolk y, cuando bajó del avión, lo esperaba un grupo numeroso de agentes de la policía fronteriza italiana. Poco después, la Cort de Apelación de Sassari decidió ponerlo en libertad sin medidas cautelares y lo dejó libre para moverse por toda Europa. En este caso, Llarena tuvo más lejos la posibilidad de tomarle declaración, pero también avistó una posibilidad de poder interrogarlo. Al final, en palabras de Puigdemont, volvió a ser un nuevo “ridículo” del Estado. Además, en estos seis años y medio de exilio, Puigdemont también estuvo arrestado en una comisaría de Bélgica, justo después de trasladarse al exilio en otoño de 2017, y compareció ante la policía antiterrorista francesa en junio del 2024 por el caso del Tsunami Democràtic.
El camino hacia la amnistía total: un recurso de amparo que Llarena intenta postergar
Una vez Puigdemont ha conseguido escaparse de las garras del Tribunal Supremo, puede proseguir su trayecto para conseguir ser plenamente amnistiado. Pero no es un camino fácil porque Pablo Llarena está utilizando todo tipo de estrategias para retrasar la posibilidad de que Puigdemont pueda volver libremente a Catalunya. Y hay una decisión que llama altamente la atención. Recapitulamos. El 1 de julio el juez denegó la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig por la malversación del 1-O y dio tres días en las partes para presentar un recurso a su decisión. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, presentó el recurso de reforma denunciando que Llarena había hecho una interpretación “absurda, arbitraria, ilógica e irracional” de la amnistía. Pero no fue hasta el 29 de julio, 21 días más tarde, que Llarena dio traslado a las partes y les dio dos días para que se pronunciaran.
Si esperó tres semanas a notificárselo… ¿Por qué daba solo dos días para estudiarlo? El plazo concluía el 31 de julio y, como el mes de agosto es inhábil judicialmente (según el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), Llarena podrá esperar en septiembre para pronunciarse sobre esta cuestión. De mientras, la cuestión queda congelada. Así pues, Boye tiene que esperar, a toda costa, que Llarena resuelva el recurso de reforma para poder continuar el recorrido hasta el Tribunal Constitucional. La previsión, claro está, es que Llarena no cambie ni una coma de su decisión y que afiance su negativa a aplicar la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig.
Una vez llegue esta decisión, Puigdemont podrá presentar un recurso de apelación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La sala presidida por Manuel Marchena tendrá que revisar la postura de Llarena, pero, nuevamente, se da por hecho que avalará la versión del juez instructor, dado que Marchena ya ha denegado la amnistía a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. El recurso de apelación se tendrá que resolver en un mes y cuando el Supremo vuelva a cerrar la puerta de la amnistía en Puigdemont, se abrirá la ventana para que el president en el exilio pueda acudir al TC: entrará en juego el recurso de amparo, la herramienta que tiene para conseguir la amnistía.
“Se resolverá cuando el Tribunal Constitucional diga al Supremo que tiene que obedecer la ley”
Los expertos consultados por ElNacional.cat coinciden en que el camino más directo para que Puigdemont sea amnistiado sería presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. “El asunto se resolverá cuando el TC diga al Supremo que todo lo que está haciendo es manifiestamente contrario a la ley y que tiene que obedecer la norma”, apunta Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, en declaraciones a este medio. Y señala que esta argumentación es la que figura en el voto particular que formuló la magistrada Ana Ferrer en la providencia en la que la Sala Segunda del Alto Tribunal denegaba la amnistía por la malversación atribuida a Junqueras y al resto de exconsellers.
Ana Ferrer esgrimía que, en relación con la malversación, “la única interpretación razonable de la ley lleva a entender que el beneficio orientado a procurar el proyecto independentista catalán es precisamente lo que la ley quiere amnistiar” y ponía en relieve que este es el sentido que “surge de la letra de la norma, excluyendo solo los casos en los que durante el curso se hubieran podido producir desviaciones hacia supuestos de corrupción personal”. Y esto no pasó con el referéndum del 1 de octubre. Contra el criterio de los jueces liderados por Marchena, Ferrer señalaba que la amnistía solo podía ser excluida en los casos en los que se hubiera puesto de manifiesto que alguno de los actores hubiera obtenido un “crecimiento patrimonial” aprovechando la “derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista”. “La interpretación de la Sala es contraria a cualquier posible orientación pro reo, que, a pesar de la excepcionalidad de la amnistía, siempre se tiene que conjugar cuando se trata de leyes con efectos penales”, concluía a la magistrada.
Puede sorprender que haya que apelar al TC para conseguir la amnistía cuando el TC ha sido un actor que permanentemente ha puesto palos en las ruedas al proyecto independentista. De hecho, en su momento, todos los presos políticos acudieron al tribunal de garantías para denunciar su encarcelamiento preventivo y el TC no les dio la razón en ninguno de los casos. Ahora bien, a principios de 2023, se culminó la renovación del TC, con la incorporación de los dos vocales designados por el Gobierno y los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. De esta forma, pasó a tener una mayoría progresista. Y el PSOE y el independentismo fían la aplicación plena de la amnistía a esta composición del TC, con Cándido Conde-Pumpido como presidente.
¿Qué tempos puede tener el camino en el Tribunal Constitucional?
Hacer previsiones sobre el calendario a este nivel es complicado porque no hay unos plazos fijados o tasados. “No sabemos el tiempo que puede tardar el TC en resolverlo”, reconoce Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC, en una conversación con ElNacional.cat. El experto vaticina, con cautela, que podríamos prever que el recurso se resuelva en menos de un año: “No es el habitual, pero si el Tribunal le da absoluta prioridad, podríamos tener sentencia dentro de nueve meses”. Es un pronóstico con el que coincide el abogado penalista Alberto Rocha: “Tardaría meses, yo creo que no llegaría a un año, pero estamos en una situación tan excepcional, con unas leyes tan nuevas en nuestro ordenamiento jurídico reciente y con un contexto jurídico y de formación del constitucional tan excepcional, que no lo sabría decir”.
Sea como sea, será cuando el TC emita la sentencia del recurso de amparo de Puigdemont que, si todo va como se prevé, el president en el exilio quedará exonerado de todos los delitos de los que está acusado y podrá volver con plenas garantías a Catalunya. La persecución del juez Pablo Llarena habrá concluido. Y habrá acabado con un estrepitoso fracaso del Tribunal Supremo y un éxito del exilio del 130º president de la Generalitat, después de siete años defendiéndose de la persecución de la justicia española.