El president Carles Puigdemont ha valorado de forma muy positiva el informe del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que pide la libertad de los presos políticos catalanes y la retirada de las euroórdenes de detención de los exiliados.
"Se va ensanchando la grieta, que diría Josep Costa. El informe de la comisión del Comité de Asuntos Legales de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa es demoledor. Las instituciones de la UE harían bien de preocuparse por el comportamiento de uno de sus miembros, cada vez más cuestionable", ha indicado Puigdemont, en alusión al rstado español.
También la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró (Junts), ha aplaudido la valoración del Consejo de Europa, que supone un elemento de presión importante en el escenario diplomático.
"Bélgica rechaza euroórdenes. Alemania no extradita a Carles Puigdemont por rebelión. El TJUE desautoriza a España reconociendo a Oriol Junqueras como eurodiputado. Bruselas deniega extraditar a Lluís Puig y la justicia europea devuelve la inmunidad a los exiliados. Europa sabe que votar no es un delito", ha indicado la consellera.
Como conclusión, la comisión pide a las autoridades españolas la libertad, a través del indulto u otras vías, de los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum. Asimismo, reclama abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes residentes en el extranjero y que estén perseguidos por los mismos motivos. La resolución adoptada por la comisión se tendrá que votar en la Asamblea Parlamentaria del Consejo el mes de junio.
Al referirse al caso de España, el informe advierte que "la simple expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal", y no obstante, subraya que hay políticos que han sido procesados y condenados a largas penas por haber hecho declaraciones en el ejercicio de sus mandatos en apoyo al referéndum del 2017.
En el texto explica que la comisión pide a las autoridades españolas que reformen las disposiciones penales sobre el delito de sedición y rebelión, de manera que no se interprete como despenalización de la organización de un referéndum ilegal, pero evite dar pie a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas.